La Corte Suprema de Estados Unidos validó este lunes un polémico reglamento impulsado por el gobierno de Donald Trump que penaliza a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales a la hora de optar a una residencia permanente, levantando un bloqueo judicial que impedía su aplicación.
Los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 a favor de la petición de la administración de levantar un bloqueo establecido por un tribunal de menor rango para frenar la aplicación de la norma.
La Corte Suprema permitió «al gobierno seguir aplicando (por ahora) esta política en todos lados salvo en Illinois», debido a un recurso judicial aún pendiente en ese estado, indicó el alto tribunal.
El gobierno de Trump, que impulsa una política migratoria restrictiva, dijo al anunciar el reglamento en agosto de 2019 que «para proteger los beneficios de los estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes».
La regla emitida por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) amplía los criterios de lo que se conoce en Estados Unidos como «carga pública» y penaliza el uso de subsidios habitacionales, bonos de alimentación y acceso a servicios de salud a la hora de presentar una solicitud para tener una residencia permanente, conocida como «Green Card».
El endurecimiento de las reglas sobre las «cargas para la sociedad» comenzó en 2018, como parte del plan de Trump para frenar la inmigración.
Con esta regla los oficiales de inmigración tienen más facilidades para negar la entrada u otorgar un determinado estatus migratorio a personas que dependan de ayudas públicas.
La publicación del fallo fue recibido con una lluvia de demandas en diversos circuitos judiciales, entre ellas una en Nueva York donde el juez George Daniels calificó la norma como algo «repugnante para el sueño americano de una oportunidad de prosperidad y éxito mediante el trabajo duro y la movilidad ascendente».
«Jueces activistas»
«Obviamente estamos felices de que la Corte Suprema se pronunció de la forma en que lo hizo», dijo este lunes el subsecretario interino del DHS, Ken Cuccinelli.
Cuccinelli celebró la decisión de la Corte Suprema y dijo que esto deja claro que el alto tribunal está harto del accionar de algunos jueces.
«Espero que algunos de estos jueces activistas de distrito entiendan el mensaje que su trabajo es la ley y no sus preferencias políticas, si quieren hacer eso, que se presenten al Congreso», agregó el funcionario.
En Estados Unidos hay cerca de 22 millones de extranjeros que residen legalmente en el país y según el Centro de Investigación Pew, 10 millones de personas lo hacen irregularmente.
El Comité Nacional del Partido Demócrata criticó el fallo del alto tribunal y dijo que «es repugnante ver como la Corte Suprema de Estados Unidos valida la agenda extremista, xenofóbica y antimigrantes de Trump».
Elizabeth Warren, que aspira a la candidatura demócrata para competir con Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, lamentó la noticia.
«Las familias no deberían verse forzadas a elegir entre quedarse en nuestro país y derechos básicos como la salud y la vivienda», afirmó.