La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente del país suramericano en este siglo, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.
El tribunal dijo en un comunicado que el exmandatario (2002-2010) «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».
Uribe, jefe del partido en el poder, comunicó horas antes el dictamen unánime de los jueces.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria«,
escribió en su cuenta de Twitter
Ahora deberá esperar, detenido de manera preventiva, su eventual llamado a juicio por parte de la Corte Suprema, que lo juzga en su calidad de legislador.
Sobornos y fraude porcesal
El exmandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.
El presidente Iván Duque hizo una férrea defensa de su mentor y fundador del partido Centro Democrático.
«Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia», reaccionó Duque en un mensaje transmitido en redes sociales.
Giro insospechado
Este martes los seguidores del exmandatario convocaron a caravanas motorizadas de protesta en Bogotá, ante la prohibición de la alcaldía de organizar marchas o aglomeraciones debido a las medidas de aislamiento que rigen por la pandemia.
Algunos cacerolazos a favor y en contra se escucharon esta noche.
Interrogado por los magistrados en octubre pasado, Uribe terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot judicial que estaba preparando en su contra, apoyado en testimonios falsos.
Uribe sostenía que Cepeda -uno de sus mayores adversarios y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales.
Pero la corte se abstuvo de enjuiciar al izquierdista y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
«No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean«, celebró Cepeda.
Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones penales por sus presuntos vínculos con los grupos de ultraderecha que enfrentaron clandestinamente a las guerrillas durante el largo conflicto colombiano.
Bajo su gobierno también estalló el peor escándalo que ha implicado a las Fuerzas Militares, el de la ejecución de cientos de civiles que fueron presentados como rebeldes caídos en combate.
Más polarización
No obstante, Uribe es un político popular que ha sido determinante en la elección de sus sucesores. Y hoy es el senador más votado e influyente del país.
También alzó las banderas contra el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con las FARC, la antigua guerrilla que diezmó militarmente. El pacto precipitó la ruptura entre ambos dirigentes.
Sin mayorías claras en el Congreso, el Centro Democrático recibió por su parte «con indignación» la decisión judicial y propuso en un comunicado realizar una asamblea constituyente para reformar las altas cortes y «despolitizar la justicia».
Los seguidores consideran injusto que Uribe termine preso mientras sus enemigos, los exjefes de las FARC, responden en libertad frente a la justicia de paz creada para sancionar los delitos más atroces cometidos en el curso del enfrentamiento interno.
Duque deslizó esta opinión en su mensaje de apoyo al exmandatario.
«Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad».
Analistas como Felipe Botero, politólogo de la Universidad de los Andes, creen que la detención de Uribe profundizará la fractura que dejó la paz con las FARC en 2016.
Sus seguidores «van a cuestionar a la corte y a presentar a Álvaro Uribe como una víctima de una persecución. Probablemente se exacerbe la polarización», comentó.
Con la decisión de la corte, Colombia pasa a engrosar el expediente latinoamericano de exmandatarios muy populares que han terminado respondiendo ante la justicia.
Ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.