La corte suprema de Brasil dio este jueves un vuelco radical a las normas de encarcelamiento en el país, en una decisión que llevó a los abogados del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva a pedir su «liberación inmediata».
«Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)», informó el bufete Teixeira Martins en un comunicado.
El STF decidió por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, modificando la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de penas a partir de una condena en segunda instancia.
Lula, de 74 años, empezó a purgar en abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero.
El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4,895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
«Sueltan a bandidos y desarman al ciudadano. Pobre del brasileño», escribió en Twitter el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en referencia a las resistencias del Congreso a flexibilizar la tenencia y el porte de armas de fuego.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, el partido de Lula), Gleisi Hoffmann, celebró en cambio el fallo: «El STF reconoció, después de 1 año y 7 meses, que Lula fue detenido ilegalmente. La crueldad termina aquí. Seguiremos luchando por la justicia, que es la anulación de la sentencia», tuiteó.
También celebró la decisión el presidente electo argentino, el peronista Alberto Fernández, que durante su campaña visitó a Lula en la cárcel, irritando a Bolsonaro.
«Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos! ¡#LulaLivreAmanhã!», escribió.
Lava Jato cuestionada
La prohibición del encarcelamiento después de la segunda instancia priva a la operación anticorrupción Lava Jato de uno de sus instrumentos favoritos.
«La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país», expresaron en un comunicado los fiscales de esa investigación que descubrió una inmensa trama de sobornos centrada en la petrolera estatal Petrobras.
La liberación de Lula sin embargo no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, y convocó a marchas para el sábado en todo el país.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.
El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.
Corte dividida
Los embates en el STF se dieron en torno a un artículo de la Constitución que afirma que «nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria».
El presidente del tribunal, Dias Toffoli, desempató la votación.
«El Parlamento decidió la necesidad de la condena en firme. No es un deseo del juez, no es un deseo de nadie como no sea el de los representantes del pueblo brasileño», explicó.