La máxima instancia de justicia de Guatemala suspendió este jueves temporalmente una polémica reforma al Código Penal que permite reducir en hasta 50% las penas de cárcel.
La Corte de Constitucionalidad (CC) señaló en un comunicado que «suspendió de forma provisional» un decreto del Congreso publicado en diciembre que permite que los acusados en procesos penales puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos que se les atribuyen.
La suspensión se dio tras recursos de inconstitucionalidad planteados por representantes de las organizaciones sociales Fundación Myrna Mack y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro.
El pasado 12 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual permite la reducción de la sentencia carelaria, aunque deja afuera delitos como genocidio, narcotráfico y asesinato.
El presidente Jimmy Morales (2016-2020), quien entregó el cargo el martes, ordenó en diciembre su publicación en el oficial Diario de Centro América.
Sectores civiles criticaron las reformas al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.
El analista político y activista anticorrupción Manfredo Marroquín urgió en ese momento a la CC a otorgar un amparo contra la norma, que a su juicio beneficiaría «a miles de reos y delincuentes».
Opositores a la reforma señalan que beneficiará a diputados, financistas y particulares que tienen casos abiertos o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.
De mantenerse vigente la modificación, una persona que enfrenta una causa penal podrá obtener una reducción de 50% de la pena carcelaria si acepta el delito en su primera declaración, de 33% si acepta la culpa antes del comienzo del juicio y de 20% si lo hace durante el proceso.