La corrupción quita la oportunidad de una mejor vida a millones de guatemaltecos. Los funcionarios que practican o no combaten esta práctica son los culpables.
Gonzalo Marroquín Godoy
Aracely Florentina Marroquín (21 años – Comitancillo, San Marcos); Rudy Chilec Yoc (35 años – San Marcos), Jonny Tziquin Tzoc (17 años – Sololá); Deisy Fermina López Ramírez (21 – Guatemala); y dieciocho guatemaltecos más, tuvieron que salir del país en busca de un mejor futuro y murieron asfixiados en un furgón cerca de San Antonio, Texas.
Escuchar algunos de los testimonios de sus familiares muestran que no fue una decisión improvisada ni una aventura, sino definitivamente algo meditado, repensado y necesario, si de verdad querían encontrar algo mejor para sus vidas, porque en su propia tierra se les negaba la posibilidad de tener acceso a educación de calidad, a un servicio de salud decente y, finalmente, encontrar trabajo digno.
La edad de los 22 connacionales muertos estaba entre un niño de 13 años y un adulto de 37. Todos con la misma ilusión de alcanzar el sueño americano y, aunque sabían el riesgo que corrían, estuvieron dispuestos a realizar la travesía.
Ese puede ser uno de los rostros que muestra cómo afecta la corrupción. Como se señala en uno de los muchos informes que genera la ONU sobre el tema, la corrupción causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión (…) este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos, como malversación, tráfico de influencias, soborno y cohecho.
Buscando información para este análisis sobre la corrupción, pude encontrar algunas cosas que pueden ser de interés y que muestran por qué estamos tan mal, mientras que en otros países este cáncer se combate frontalmente. Para empezar, en materia de Desarrollo Humano, basta decir que estamos al peor nivel, junto a Honduras, Nicaragua y Haití. Eso explica la razón por la qué tantos chapines están dispuestos a arriesgar hasta sus vidas.
No es entonces casualidad que, así como estamos de mal en materia de Desarrollo Humano –que mide educación, salud, pobreza, oportunidades, etcétera–, nos encontremos en la otra mano un cuadro patético, porque en corrupción somos también de lo peor en Latinoamérica, otra vez con nuestros compañeros de fracasos: Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Algo que nos debe preocupar –y muchísimo–, es que mientras en otras latitudes se hacen esfuerzos por combatir la corrupción, en Guatemala estamos en franco retroceso y lo que se hace es construir un muro de impunidad, que solamente nos llevará a un crecimiento desmedido del saqueo de las arcas nacionales.
Hay algunos ejemplos interesantes sobre la lucha contra la corrupción en otras latitudes. En Singapur, por ejemplo, existe hasta la pena de muerte cuando la corrupción afecta hospitales, alimentación de la población o escuelas pública. Puede parecer exagerado, pero cómo decían nuestras abuelitas, llora sangre, cuando se engordan las cuentas de los funcionarios a costa del sufrimiento del pueblo.
Aquí se han visto casos de enriquecimiento a costa de la salud pública. Casos de medicinas sobrevaloradas, y en los últimos meses la corrupción de la compra y vencimiento de vacunas, principalmente las Sputnik V, compradas a Rusia en condiciones que solo podían aceptarse si había de por medio sobornos.
En Indonesia se han endurecido las penas para el enriquecimiento por medio de la corrupción y se contempla hasta la pena máxima cuando hay alto detrimento de los bienes del Estado. Gran Bretaña tiene una excelente ley anticorrupción, las penas principian en 10 años de cárcel –aumentan para los funcionarios públicos–, una multa ilimitada, hasta la confiscación total de todos los bienes del o los implicados y de sus socios.
Por supuesto, estos países mejoran en el ranquin de los corruptos. Ahora bien: ¿Qué hacemos en Guatemala?
Aquí vamos para atrás… ¡Consistentemente! Esto nos debe hacer meditar sobre el tema. Por supuesto que, para la alianza oficialista es lo deseable, pero en realidad es poco más que vergonzoso. En primer lugar, ni siquiera se investigan los casos de corrupción, por el contubernio con el MP.
Además, las penas contempladas en Código Penal por la mayoría de actos de corrupción son bajas. Aquí un funcionario puede recibir un soborno por decenas de millones y tener una pena que no sobrepasa los 6 años. Conmutados por buena conducta pueden reducirse a dos año y pico de cárcel. Nada mal el negocito. Eso si se le condena, por supuesto.
Paro ahora, nuestra flamante Corte de Constitucionalidad (CC) oficialista, ha decretado que cualquier acusado de corrupción que se declare culpable, vea reducida su pena a un trámite exprés y su sentencia conmutada a la mitad, lo que significa que en la gran mayoría de los casos, ni siquiera irían a prisión.
Jamás verán que el Congreso –dominado también por la alianza oficialista–, aprueba una ley para sanciones drásticas por corrupción, como debiera ser.
Aquí se trata de promover la corruptela y seguir negando oportunidades a las personas. Triste… pero así es.
LEE ADEMÁS: (UNA COMPARACIÓN ENTRE LO QUE SUCEDE EN GRAN BRETAÑA CON JOHNSON Y EN GUATEMALA CON GIAMMATTEI.)