El Organismo Judicial (OJ) no escapa de la corrupción que socava al Estado. Las recientes capturas y procesamientos a jueces y magistrados han generado confianza entre la población. Sin embargo, el sistema de justicia debe generar las condiciones propicias para mantener una limpieza constante de los malos juzgadores.
Álvaro Alay
Los procesos penales contra jueces y magistrados, señalados de actos de corrupción, han venido a fortalecer el Estado de derecho, generar confianza en la justicia e imponer el reto al Organismo Judicial (OJ) de continuar con la depuración de los operadores de justicia que puedan estar vinculados a actividades ilegales. Aunque es necesario que todo ello se haga respetando las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y siguiendo el debido proceso.
Para que el sistema de justicia se siga robusteciendo, dicen expertos, se debe mejorar y fortalecer los mecanismos que utiliza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la selección de los puestos de judicatura y magistratura, y los controles y la supervisión del trabajo que realizan los jueces y magistrados. También facilitar los mecanismos de denuncia contra los jueces que están actuando de manera ilegal.
Esos son los pasos que se deben seguir a lo interno del OJ y la CSJ para continuar con el combate a la corrupción y la impunidad. Ello, luego de que el pasado 22 de septiembre se capturara a las juezas Jisela Reinoso Trujillo, titular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal; y Marta Sierra de Stalling, del Juzgado Octavo de Instancia Penal. Asimismo, al magistrado Erick Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché. Los tres, señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de diversos actos de corrupción. Las jueces se encuentran en prisión preventiva y el magistrado está libre bajo fianza, pero ligado a proceso penal.
Entre confianza y retos
Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), los procesos penales contra jueces y magistrados, señalados de no resolver apegados a la ley y guiados por intereses corruptos, viene a fortalecer al Estado de derecho, porque castigar al funcionario corrupto genera confianza entre la población, la cual empieza a sentir que la ley se aplica de manera justa y equitativa.
Ernesto Archila, director de investigaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), explica que estos procesos que se llevan a cabo también representan un gran reto a lo interno del OJ, debido a que les impone el objetivo de hacer una autodepuración de los operadores de justicia que pueden estar vinculados a actividades ilegales.
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, comenta que los procesos iniciados contra los jueces y magistrados tendrán un significado duradero si el MP logra armar en contra de estos jueces acusaciones verdaderamente sólidas.
En este momento, apenas está iniciando el proceso de investigación en contra de ellos. El hecho que hayan declarado con lugar los antejuicios, es porque los jueces pesquisidores y la Corte Suprema de Justicia encontraron elementos suficientes para motivar el levantamiento de antejuicio, asegura Ibarra.
Por otro lado, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, subraya que ligar a procesos a las jueces es favorable, señalando que los operadores de justicia tienen que poner las barbas en remojo. También recomienda que deben empezar a tomar medidas para evitar la corrupción.
A mejorar controles
Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), considera que mientras los magistrados y jueces sean nombrados por los partidos políticos a través de los diputados es muy difícil que tengamos un sistema de justicia fuerte e independiente.
Asimismo, Mario Alberto Taracena, vicepresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), considera que para fortalecer el sistema de justicia se debe hacer mejoras a los mecanismos que implementa la CSJ y el Consejo de la Carrera Judicial para la selección de aquellas personas que aspiran a un puesto de judicatura o magistratura.
El vicepresidente de la AJMOJ también agrega que otro aspecto es el control, supervisión y evaluación del trabajo que realiza cada juez y magistrado, en el sentido que no se debe solo tomar en cuenta el trabajo que se da al dictar una sentencia, sino también la ética moral que deben de tener las personas que administran justicia. También se debe facilitar los mecanismos de denuncia.
Taracena, no obstante, subraya que es necesario que si se presentan denuncias contra operadores de justicia se les dé la oportunidad de una legítima defensa y que se respete el debido proceso.
A esa postura se suma Sagatume, presidente del CANG. El Colegio solicita el debido proceso, como corresponde; pero fundamentalmente solicita a los medios de comunicación social que no los condenen antes, porque los jueces tienen el derecho a la presunción de inocencia. Como mínimo, estamos pidiendo ese favor, porque ya los están señalando como culpables. Esperemos el veredicto de nuestros tribunales; mientras tanto, el derecho a la presunción de inocencia es lo mínimo que se debe tener en Guatemala.
Sagastume también reconoce que todo lo que está ocurriendo es positivo para la justicia, ya que le permite al sistema determinar las circunstancias de que todos los jueces y magistrados están sujetos a las leyes, como toda la sociedad.
El OJ y la CSJ, dicen expertos, deben fortalecer los mecanismos de selección de personas que aspiran a puestos de judicatura.
La juez, Jisela Reinoso, es acusada de los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.