El escándalo de la compra de dos aviones Pampa III a la Argentina por parte del ministerio de la Defensa ha cobrado notoriedad nuevamente este martes, cuando la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha dado a conocer que esa negociación no podía hacerse en la forma en que la llevó a cabo el propio presidente Jimmy Morales, y ahora podría venir una investigación en el campo penal.
El sub contralor de calidad de gasto público de la CGC, César Elías, explicó que «no es factible» llevar a cabo la compra de los aparatos bajo el manto del Convenio de Cooperación firmado en 1980 entre Guatemala y Argentina, el cual no contempla negociaciones de compra-venta de armamento, pues está dirigido a intercambios en el campo de la ciencia y tecnología.
En su opinión, esta negociación, realizada personalmente por el presidente Jimmy Morales, quien viajó a Buenos Aires para suscribir la compra –que el ministro de la defensa Luis Ralda califica de «adquisición], aunque es lo mismo–, «no es aceptable», pues no se ha apegado a los mecanismos de compra-venta que establecen las leyes del país.
Elías dijo que en todo caso, «si se suscribió un nuevo convenio», como ha dicho en confusas declaraciones el ministro Ralda, «este debió ser aprobado previamente por el Congreso.
La Contraloría le ha dado un plazo que vence mañana a las 14:00 horas al ministerio de la Defensa para que entregue toda la información relacionada a esta compra, la cual ha provocado un fuerte debate en medio de prensa y redes sociales, por la forma oscura en que se intentó hacer la negociación. Solamente se supo de la intención del gobierno guatemalteco cuando el presidente Jimmy Morales llegó a Buenos Aires la semana anterior.
Se sabe, por declaraciones de altos funcionarios, que el ministerio de la Defensa no dejó contemplada esta compra en su presupuesto para este año , aunque el ministro Ralda dijo que los US$28 millones , serían pagados de «los propios fondos del ministerio».