El contrabando no desaparece. La Línea, la estructura de Otto Pérez y Roxana Baldetti era la continuidad de otras muchas líneas, algunas de las cuáles siguen operando y mantienen activa la defraudación aduanera. Son mafias que se recomponen para continuar funcionando y golpeando a la industria y el comercio con la competencia desleal.
Por Elder Interiano y Álvaro Alay
Algunos pensaron que con la caída de La Línea y la captura de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti —con sus principales allegados— se terminaba la estructura del contrabando, pero las mafias en aduanas son de vieja data, de los años setenta, y continúan operando y provocando efectos negativos al fisco y la economía del país.
Según expertos, sectores empresariales e investigadores, el ingreso de productos de contrabando por las aduanas sigue a la orden del día y se calcula que el 66 por ciento de la mercadería ilegal que entra al territorio nacional ingresa por estos puntos con la complicidad de las autoridades estatales. El resto lo hace por medio de pequeños contrabandistas que aprovechan los puntos ciegos de las regiones fronterizas.
El problema de fondo que permite que esto siga ocurriendo, y que crezca día con día, es la corrupción y la debilidad del Estado. Se estima que en los últimos siete años el contrabando se ha incrementado en promedio en Q1 mil millones por año y, según cámaras empresariales, en 2016 esta actividad podría superar los Q10 mil millones defraudados.
Ello supone un grave problema para las finanzas de la nación, debido a que las mercancías no pagan impuestos y no cuentan con licencias sanitarias que garanticen la salud de los consumidores. Los efectos negativos son múltiples: evasión, competencia desleal, y venta de productos de baja calidad, sin controles, entre otros.
La llamada Red Moreno —en los noventa— pero especialmente La Línea —2015— son emblemáticas porque han permitido dimensionar a los actores privados, públicos y políticos que trabajan organizada y jerárquicamente para defraudar las arcas estatales.
Pero, además, han puesto en evidencia cómo esta estructura, que es permanente, se reacomoda y recompone para no desaparecer. Y que son estructuras de crimen organizado poderosas y bien enraizadas en el aparato estatal a todo nivel.
Cigarros, licores, arroz, aceite vegetal, cemento, huevos, zapatos, vestuario y gasolina son los productos que más ingresan con la complicidad de funcionarios aduanales.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) calcula que el monto anual que deja de percibir el fisco por contrabando es de US$1,340 millones (unos Q10 mil millones), de acuerdo con datos del año pasado. Derivado de ello el Estado no recibe recursos que se podrían invertir en escuelas, hospitales u otro tipo de infraestructura vial o de transporte. Además, los empresarios guatemaltecos dejan de producir debido a la competencia desleal, lo cual genera pérdidas de empleo.
El contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del país entre el 2.8 por ciento y el 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Alfredo Moreno, alfil del contrabando
El contrabando aduanero en el país no es reciente, pues según estudios, se ha dado desde tiempos de la conquista de los españoles, en donde la represión a los mayas y los monopolios surgidos entre el comercio nacional e internacional, fueron factores que provocaron la defraudación en el país, y que fue impulsada por los ingleses, para expandirse en toda Centroamérica.
Sin embargo, uno de los casos paradigmáticos ha sido la llamada Red Moreno, tras la captura en septiembre de 1996 de Alfredo Moreno Molina, a quien las autoridades del entonces presidente Álvaro Arzú anunciaron con pompas y platillos ante los medios de comunicación, y le denominaron el capo del contrabando.
En ese entonces, exfuncionarios hacían broma con que algunos de sus conocidos habían llegado al erario, diciendo: A mí no me paguen, a mí solo pónganme donde hay, al referirse que querían trabajar en las aduanas.
Con la captura de Moreno se evidenció que no era un capo, sino un alfil más de una organizada banda de contrabandistas, integrada por miembros de grupos de inteligencia militar, conocidos como la Cofradía y El Sindicato, dirigidas en aquel tiempo por generales. Los nombres más sonados vinculados a estas estructuras son los de Francisco Ortega Menaldo, Manuel Antonio Callejas, Roberto Eduardo Letona Hora, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, el mayor José Fernández Ligorría, el coronel Jacobo Salán Sánchez, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos y el exjuez Mario Guillermo Ruiz Wong.
Durante el proceso iniciado a Moreno se dijo que solo él había evadido al fisco unos Q80 millones en los últimos diez años, y que la organización, unos Q2 millardos; sin embargo, la mayoría de sindicados fueron absueltos y, lejos de que se terminara el flagelo, más bien aumentó, pues la organización solo cambió de jefes, quienes luego gobernaron el país, como Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina.
Con esto se evidencia que durante los distintos gobiernos solo se han capturado a algunos miembros de las mafias, pero no a los principales cabecillas. Al respecto, Alejandro Aguirre, del Instituto por la Democracia (ID), señala que tal como lo indica Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hace falta mucho para acabar con estas estructuras criminales que continúan actuando, pues no se ha acabado dicho flagelo, la corrupción continúa campeando en aduanas.
Es lamentable pero es la realidad, en algunos momentos de la historia se piensa que se han acabado y al rato se recomponen, es porque no se termina con dichas estructuras, incluso el sistema pareciera permeado para ello, es la de nunca acabar, agrega Aguirre.
La Línea de la piratería
La defraudación aduanera en el país se mantuvo impune durante el gobierno de Portillo, en donde tanto él como Ríos Montt fueron señalados en su momento, pero nunca procesados penalmente en la gestión eferregista, incluso, durante ese gobierno se suprimió la fiscalía especial que había estado investigando conexiones entre el gobernante y Alfredo Moreno, a pesar de que el imputado le dio Q70 mil para la campaña política del desaparecido FRG.
Mientras la defraudación aduanera continuaba en el país, también mejoraba la escuela del contrabando, y una muestra de ello fue la desarticulación de otra red criminal realizada en el 2015 por la Cicig, la cual denominaron La Línea, en donde uno de los implicados fue Juan Carlos Monzón, un alumno de Francisco Javier Ortiz, este último también capturado y procesado por primera vez durante la llamada Red Moreno, y cuyos vínculos fueron confirmados en lo que va de este reciente caso.
Las estructuras se recomponen, indican algunos expertos, y una señal de ello es que, conforme pasan los años, cambian los líderes; pero la gran sorpresa en el 2015 fue descubrir que los cabecillas de La Línea eran Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta de la República en ese entonces.
Arriba de Juan Carlos Monzón encontramos, en la estructura de La Línea, al señor presidente —Pérez Molina— y a Roxana Baldetti —exvicepresidenta—, dijo en agosto del año pasado la fiscal general, Thelma Aldana, durante la conferencia de prensa en la cual, junto a Velásquez, justificaron la captura de la expareja presidencial.
En esta investigación también han sido procesados Salvador González, alias Eco, convertido en colaborador eficaz, quien acusó a Pérez Molina de beneficiarse con el 50 por ciento de lo defraudado, así como a Claudia Méndez Asencio, exintendente de aduanas; Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidenta Baldetti; los exjefes de la SAT Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, entre otros.
De esta forma es como la Cicig investigó que La Señora, o La Dos —como se referían a Baldetti—, o el Presidente, el número Uno o el mero, mero —como identificaban a Pérez Molina—, dirigían una estructura criminal que evadía semanalmente Q2.5 millones.
La audiencia donde se debe decidir si los acusados deben enfrentar un juicio ha sido suspendida en varias ocasiones y todo indica que será hasta el otro año cuando conocerán cuál será su destino.
A pesar de todo, sigue el flagelo
Desde el 2015 a la fecha, no solo la Cicig y el MP han realizado acciones para el combate a la defraudación aduanera y la evasión fiscal, también la SAT, ya que a través de la Fiscalía de Delitos Económicos han recuperado 1.4 millardos de defraudación de 13 empresas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos el contrabando persiste y afecta a industrias como la de cigarrillos, licores, aceite, huevos y ropa, por mencionar algunas.
Hugo Maúl, director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que los cambios en la SAT han sido importantes, debido a que al menos ha cambiado el tono de discusión de estos temas, lo cual observa como una ventaja. Ahora, que se transforme en resultados, es otro asunto.
Sin embargo, reconoce que, aunque hayan reformas importantes en la superintendencia, no es fácil sanear las aduanas, porque son estructuras enraizadas y poderosas, por lo que es difícil hacer cambios en pocos meses.
Por su parte, Antonio Malouf, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), considera que el contrabando y la defraudación aduanera va en detrimento de la población en general, porque se quedan sin recursos para escuelas, hospitales y carreteras, asimismo, los empresarios guatemaltecos dejan de producir y esto genera pérdidas de empleo, subraya.
Agrega que por ello sigue siendo un problema para el país, porque, puede que las cabezas hayan caído, pero siempre se reagrupan las personas que están a cargo de la operatividad de esa defraudación. Siempre buscan la manera de satisfacer sus negocios y vuelven a crecer, explica.
En este contexto, el descuido de las aduanas en Guatemala, así como los distintos puntos ciegos en los que no hay vigilancia, también han permitido el tráfico de cocaína y de personas; otras actividades que el crimen organizado realiza, además de traer mercadería ilegal.
Sector afectado por la defraudación
Según Santiago Velasco, de British American Tobacco (BAT), desde el año 2012 la importación legal de cigarrillos ha caído un 40 por ciento, lo cual no significa que el consumidor guatemalteco haya dejado de fumar cigarrillos, sino que es un porcentaje que ha perdido la industria legal, que sí cumple con la Ley y paga sus impuestos. Es un porcentaje que consume marcas de contrabando.
Para dar una idea del impacto negativo que el contrabando de cigarrillos tiene, al mes de octubre de 2016, la recaudación del impuesto directo al tabaco es Q312 millones, cuando se tenía proyectado recaudar Q367 millones; es decir, la brecha en este impuesto específico es de Q54.3 millones que no se han recaudado debido al nivel de contrabando de cigarrillos que hay en el mercado guatemalteco, explica Velasco.
Respecto a que el contrabando ha aumentado en Guatemala, señala el entrevistado, que es una percepción más que correcta.
En el caso de productos como huevos, aceites, carne de cerdo, cerveza y arroz, ingresan ilegalmente desde México, impulsados por la devaluación del peso mexicano y la exención de IVA que tienen en ese país. En el caso de cigarrillos y licor, entran ilegalmente desde Belice, debido a la enorme cantidad de pasos ciegos que existen en la zona de adyacencia con Guatemala, y a la falta de controles aduaneros, e impulsado por las zonas francas de Corozal y Benque Viejo, que está a pocos metros de la Aduana de Melchor de Mencos, agrega el representante de BAT.
¿Qué opina la SAT?
Werner Ovalle Ramírez, intendente de Aduanas de la SAT, indica que desde el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), se han realizado operativos en carreteras, así como en las aduanas, para determinar cómo está afectando la problemática, pero también para generar esfuerzos que coadyuven a la lucha contra este problema.
El Intendente de Aduanas comenta que están apostando a tener una Política Nacional contra el contrabando y defraudación aduanera, la cual se está trabajando de forma interinstitucional y que se espera se concluya este mes, para que a principios de año se pueda aprobar y ejecutar.
Además, explica que las investigaciones y los casos en tribunales son esfuerzos importantes; empero, resalta que como institución tienen la obligación de continuar con acciones a nivel estratégico, así como investigaciones internas para poder ir determinando si aún continúan rezagos de estos problemas en las aduanas.
Pasos ciegos, corrupción y aduanas
Otras razones por lo que no se logra combatir la defraudación aduanera son los pasos fronterizos informales, o sea los que nadie vigila, el llamado contrabando de hormiga y la corrupción que todavía sigue enquistada en algunas aduanas del país.
Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en el país hay 54 pasos fronterizos informales por donde pasan vehículos rumbo a México, además de 29 hacia El Salvador, 22 hacia Honduras y ocho hacia Belice.
Precisamente, otro factor que genera contrabando es la defraudación de mercancías que provienen de México, cuya mercadería es trasladada a través de balsas que atraviesan el río Usumacinta, lo cual genera grandes pérdidas y perjuicios a la producción nacional, como en casos de cigarrillos, aceite y gasolina.
Además, los informes señalan que las fronteras donde más se da el flagelo son la de Tecún Umán, ubicada en el departamento de San Marcos; Del Carmen, en Huehuetenango; la frontera Pedro de Alvarado, ubicada como límite territorial entre Guatemala y El Salvador; los puertos, en las zonas francas, aeropuertos, y muelles, además del desvío de mercancías dentro del territorio nacional, y que se vende principalmente en el área metropolitana, en el sector informal.
A criterio de Cristian Álvarez, director del Centro de Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), es un error creer que capturando capos del narcotráfico se pondrá fin al consumo y venta de drogas. Cae un capo y hay varios en lista de espera.
Álvarez agrega que la informalidad en Guatemala es muy grande, las fronteras tienen muchos puntos ciegos y ser parte de la economía formal es muy caro. Los impuestos son complicados de pagar, muchos trámites, lo cual motiva a quedarse en lo informal. El sector informal es el principal socio del contrabando, pues es invisible a los controles. Los grandes contrabandistas necesitan al sector informal para vender sus productos y esos productos, a precios más bajos, encuentran muchos clientes interesados.
Con todo este panorama, la situación es complicada y, a criterio de algunos sociólogos, las causas estructurales son el reflejo de una Guatemala en donde la corrupción, la opacidad y el desempleo son un caldo de cultivo en donde el contrabando es un modus vivendi. De no cambiar la situación del país, siempre habrá formas de que este mal que promueve el crimen organizado continúe.