- Mientras, los casos de corrupción no se investigan ni avanzan en el Ministerio Público
Hace mucho tiempo que en el Ministerio Público(MP) no se persiguen los casos de corrupción, pero el acoso en contra del diario elPeriódico continúa y ayer viernes fue allanada durante varias horas la residencia de la jefe financiera y administrativa del medio, Flora Silva, quien tuvo que ser trasladada al hospital San Juan de Dios para recibir atención mpédica.
Con un amplio operativo, en el que participaron agentes de la PNC y fiscales del MP, se actuó contra la colaboradora del diario, supuestamente para buscar pruebas que permitan armar el caso contra el periodista José Rubén Zamora, quien se encuentra detenido desde el viernes 29 de julio en la prisión de Mariscal Zavala, donde se le restringen derechos.
En un comunicado, el MP la señala de «conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos». El fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche anunció el allanamiento sin dar nombres ni indicaciones del lugar. Más tarde se emitió el comunicado.
Uno de los agentes del MP indicó brevemente que el operativo «cuenta con órden de juez competente y ha sido aprobado previamente por el fiscal de la FECI y la propia fiscal general», Consuelo Porras. Tanto Curruchiche como Porras forman parte de la Lista Engel, que el departamento de Estado de Estados Unidos ha creado para señalar a personajes que considera «corruptos y antidemocráticos» en la región centroamericana.
Apenas dos días antes, la fiscal Porras participó en un Desayuno de Oración organizado por un grupo evangélico, en el que destacó que ella está «comprometida con nuestro Señor» y la «justicia».
Al igual que en el caso de Zamora, se hizo un gran despliegue de fuerzas de seguridad e incluso llegaron al lugar varios agentes que se conducían a bordo de vehículos que circulaban sin placa o con las mismas cubiertas, como sucedía en tiempos de los gobiernos militares. En esos vehículos, que circulan de manera ilegal fueron trasladadas las supuestas «evidencias» que sacaron de la vivienda.
Silva, quien padece de diabetes, se vio afectada durante el allanamiento, por lo que requirió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde quedó recluida.
En el caso de Zamora y elPeriódico, el MP pretende probar que hubo lavado de dinero, pero en la audiencia de primera declaración dirigida por el juez Fredy Orellana –con vínculos de amistad con la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror)– se aceptaron como válidas pruebas recabadas ilegalmente, como grabaciones e intercepciones telefónicas sin orden de juez.
El juzgador no pudo decir que había pruebas concluyentes para dejar en prisión a Zamora y a la fiscal de la FECI, Samarai Gómez –acusada de otros delitos–, pero se limitó a decir que los «indicios» le permitían conceder tres meses para que el MP investigue y mientras tanto, los dos implicados guardan prisión.
La reacción nacional e internacional ha sido de censura al gobierno del presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal Consuelo Porras. Varios organismos que defienden la libertad de prensa han destacado todas las anomalías que hay en el caso y exigen la liberación «inmediata» de Zamora.
El caso ha cobrado notoriedad y se preparan actividades y foros para plantear tanto las deficiencias judiciales que se han visto en el caso, como la forma en que el MP y el gobierno de Giammattei vienen actuando en contra de la prensa independiente.
En varios de los pronunciamientos sobre la situación imperante en el país se destaca que se utilizan medios similares a los que se ven en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega, quien arremete contra los opositores, incluida la prensa independiente.
Casos de corrupción en el sueño de los justos
Mientras el MP dedica esfuerzos y recursos para perseguir a Zamora e intentar acallar a elPeriódico por medio de la intimidación, en el Ministerio Público se informó que «no hay ningún caso relevante» en materia de investigación de corrupción en este momento.
Lo que se comenta en voz baja en varias fiscalías, es que «desde arriba» –supuestamente el despacho de la fiscal general Consuelo Porras–, se mantiene la órden de que todos los casos «delicados» de corrupción deben pasar por sus manos, y casi nunca hay órdenes para avanzar.
Incluso esta semana, en el reinicio del juicio del caso La LíneaI, el juez tuvo que llamar la atención a los fiscales del MP, por no presentar las pruebas y el expediente completos.
Un fiscal, que pidió no ser identificado por temor a represalias, indicó esta semana que «la política es que nos concentremos en los casos que le interesan a la fiscal general», aunque se admite que hay órdenes de «perseguir con todo rigor», los casos de extorsión, secuestro y sobre todo pandillero, porque eso «da buena imagen a la institución».