- Como hizo en enero, la fiscal general invita al presidente Bernardo Arévalo; citación presidencial a la fiscal general aún no se confirma
La fiscal general Consuelo Porras ha invitado a una reunión en el Ministerio Público al presidente Bernardo Arévalo, una acción que repite la que hizo en enero pasado, cuando supo que sería citada por el mandatario, quien le pediría su renuncia al cargo por acciones «antidemocráticas» y no cumplir con la persecución penal en los casos de corrupción.
El domingo por la noche, Arévalo anunció en conferencia de prensa que citaría a la fiscal general para que explicara por qué razón se acosa a periodistas, a funcionarios de su gobierno y del partido Semilla, ni se investiga alguno de los 170 casos de corrupción que su Gobierno ha denunciado de la administración del presidente Alejandro Giammattei.
Hasta la mañana de este martes, el Gobierno no ha informado sobre la anunciada citación, mientras que en las redes del MP se ha publicado la «invitación» que Porras hace a Arévalo para que se reúnan en las instalaciones del MP en Gerona, zona 1.
En enero pasado se dio una situación similar, cuando Arévalo citó a la fiscal general a una Junta de Gabinete en Casa Presidencial. La fiscal se presentó, pero se negó a participar y salió de la reunión, para dirigir un mensaje en las redes sociales, en las que expuso que no se sometía al Ejecutivo y que no renunciaría.
La citación a la reunión propuesta por la fiscal Porras es para este jueves a las 9:00 am, aunque se descarta que el mandatario vaya a aceptar dicha invitación.
El MP y el Ejecutivo han estados confrontados por los últimos diez meses, pues desde que asumió Arévalo la presidencia, el MP ha persistido en perseguir penalmente a personeros de Semilla, insistir en la existencia de un fraude electoral y hacer señalamientos y hasta presentar solicitud de antejuicio contra el propio mandatario.
Fuentes del MP, que piden guardar el anonimato ante el temor de represalias, aseguran que «hay varios fiscales» que trabajan en la búsqueda de información que pueda servir para abrir casos contra funcionarios e incluso el propio mandatario.