- Cinco de ellos son decanos de diferentes universidades
- Además, la presidenta de la CSJ y los dos representantes del CANG
Durante las primeras siete rondas de votaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, ha tenido el irrestricto apoyo de ocho comisionados, a pesar de ser la candidata con mayores objeciones de parte de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como de países amigos de Guatemala, particularmente Estados Unidos, que la ha señalado por «corrupta y antidemocrática».
A continuación presentamos a los ocho comisionados que mantienen su apoyo a la fiscal general, aunque hasta el momento no han logrado que su nombre se incluya en la nómina final, tomando en cuenta que se necesitan las dos terceras partes de los votos de los miembros de la postuladora (10).
Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), muy cercana a la «alianza oficialista».
Fernando Antonio Chacón, presidente del Colegio de Abogados. Alcanzó su cargo apoyado por Estuardo Gálvez, exRector de la USAC, señalado por manipulación en las comisiones de postulación.
Esvind Racancoj, presidente del Tribunal de Honor del CANG. Llegó al cargo también apoyado por Gálvez.
Alejandro Arenales F. Universidad del Istmo. Se ha manifestado en contra de los señalamientos contra la fiscal general Porras.
Fernando Enrique Sánchez: Upana. Defensor de la fiscal general en contra de las tachas presentadas.
Henry Arreaga. USAC. Igualmente defensor de la fiscal general.
Luis Aragón Solé. Universidad de San Pablo. Uno de los mayores defensores de Porras en las votaciones.
Ana Mercedes Suasnávar. Universidad de Occidente. En la misma línea que los anteriores comisionados.
De antemano se sabía que la principal candidata del oficialismo era la fiscal general, que ahora corre el riesgo de no integrar la nómina final que la Comisión de Postulación debe entregar al presidente Alejandro Giammattei para que no,mbre al fiscal general para el período 2022-2024.
¿Qué pasa si no hay lista?
Esta mañana se vislumbra un panorama complicado en el proceso de elección de fiscal general. El problema radica en que la Ley respectiva establece que el mandatario debe recibir una lista de 6 candidatos y hastsa ahora no hay consenso para terminar de integrarla, en cuyo caso se podría llegar a la fecha de cambio de fiscal en mayo próximo sin que se haya producido la elección definitiva.
Hay que recordar que el oficialismo ha mantenido entrampada en el Congreso de la República la elección de magistrados de sala y de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha permitido que continúen en sus cargos magistrados afines a la línea oficialista.
Algunos observadores que siguen de cerca este proceso de elección de fiscal general temen que ese esquema pueda repetirse y que se permita que el control del MP quede bajo la influencia del poder político oficialista.