Durante una sesión que duró hasta la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, el Congreso de la República ratificó de urgencia nacional el estado de Calamidad Pública solicitado por el Organismo Ejecutivo en los diez departamentos que se vieron afectados por la depresión tropical ETA.
La medida aprobada por los congresistas estará vigente por 30 días en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango.
Durante la ratificación del estado de Calamidad, algunos legisladores realizaron enmiendas de último momento, entre ellos, no aceptar que los Q122 millones incautados en Antigua Guatemala, los cuales están vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Mociones aprobadas
Los diputados sí acordaron aprobar la facultad del Gobierno de continuar el pago del Fondo de Protección del Empleo, la cual consiste en otorgar Q75 a todos aquellos trabajadores que fueron suspendidos sus contratos por la crisis económica que generó la pandemia del Covid-19.
Asimismo, los congresistas destinaron Q2 millones para reparar los sitios arqueológicos que fueron dañados por Eta. Estos fondos estarán a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes.
Entre las modificaciones también incluyeron un aporte de Q10 millones para el Registro Nacional de Personas, mismos que servirán para cubrir la emisión del Documento Personal de Identificación para que los ciudadanos que hayan extraviado sus documentos durante las lluvias no tengan que pagar para recuperarlos.
Juramentan a nuevo magistrado de la CC
Antes de dar inicio con la ratificación del estado de Calamidad Pública, el Congreso de la República juramentó a Roberto Molina Barreto, como nuevo magistrado titular, y a Jorge Rolando Rosales, como magistrado suplente, de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Tanto Molina Barreto como Rosales fueron electos para representar a la Corte Suprema de Justicia ante el máximo tribunal constitucional.
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