El Congreso de la República conoció este jueves en primera lectura el decreto que dicta el estado de Sitio en 22 municipios de cinco departamentos, pero no pudo aprobarlo de urgencia nacional, como pretendía el presidente del organismo, Álvaro Arzú Jr..
Los parlamentarios no tuvieron el quórum suficiente para contar con los 105 votos necesarios y tuvieron que limitarse a conocer el decreto en primera lectura y continuar mañana viernes y el sábado siguiente para su ratificación.
El presidente Jimmy Morales, en reunión de Gabinete dictó el estado de Sitio, que ha entrado en vigor desde este día y permanecerá al menos por 30 días, aunque hasta este día no se tenía claro en las autoridades competentes las acciones que se tomarían para recuperar control territorial en los municipios afectados.
En eñl congreso no hubo un debate intenso y únicamente se destaca que el diputado Oliverio García ha solicitado una enmienda para que se prohiba hacer compras durante el tiempo que dure el estado de excepción y que las que se hagan se limiten a las necesidades del tema.
Mientras persisten las dudas fuera de círculos oficiales y oficiosos sobre la necesidad de que se dictara un estado de Sitio en tantas localidades.
El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, dijo que las fuerzas de seguridad no tienen capacidad para intervenir eficientemente en tantos municipios y censuró la forma en que se extendió la medida, cuando pudo limitarse al municipio de el Estor en Izabal, que fue donde se produjeron los hechos: tres soldados fueron asesinados con sus propias armas por un grupo comunitario que manifestó su inconformidad con la presencia de los militares en la zona.
El exfuncionario también censuró que el operativo no se hubiera llevado a cabo con fuerzas combinadas del ejército con la PNC, como se establece en los protocolos para este tipo de acciones de seguridad.
Las autoridades militares sostienen que la patrulla salió en búsqueda de un avión, supuestamente del narcotráfico, que habría utilizado una pista clandestina en la zona.
El exguerrillero César Montes, que es presidente de la Fundación Turcios Lima, la cual trabaja con un grupo de 110 familias en el lugar de los hechos, dijo que las mujeres de la comunidad se «asustaron» al ver a los soldados con gorros pasa montañas y avisaron a los esposos, quienes protestaron por la presencia militar y se produjo el incidente. El activista reconoce que los campesinos capturaron a los tres soldados, les despojaron sus armas y con ellas les dieron muerte.
«si fue una ejecución de los comunitarios y eso debe ser responsabilizado penalmente», reconoció, aunque dijo que los soldados «abrieron fuego contra los campesinos» primero.
El MP se ha trasladado al lugar para verificar los hechos e iniciar una investigación penal del caso.