Por: Enma Reyes
El Congreso de la República aprobó este martes la creación de una Comisión Específica para investigar y fiscalizar el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante los 12 años que estuvo establecida en el país.
Estará integrada por los diputados Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde Orellana, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas, quienes deberán finalizar su trabajo el 10 de enero de 2020.
Algunas de las atribuciones de la nueva comisión será el de recabar, evaluar y sistematizar información de personas o empresas que hayan sido afectados por acciones ilegales y denunciarlos ante las autoridades correspondientes. Además, solicitar el historial del personal de la CICIG para hacer las acusaciones ante el Ministerio Público de los exagentes extranjeros que hubieran cometido ilegalidades a fin de solicitar su extradición.
Con 82 votos a favor, 2 en contra y 70 ausentes, fue aprobado el Acuerdo Legislativo 2-2019 el cual le da vida a la Comisión Específica que en los próximos días dará a conocer su agenda de trabajo para alcanzar el objetivo planteado.
Para el diputado Felipe Alejos, integrante de la bancada TODOS, el ente internacional y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) deben ser responsabilizadas penalmente por los delitos cometidos contra los derechos humanos y el debido proceso.
Garantizar impunidad
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, al ser cuestionado sobre la creación de esta comisión, aseguró que se debe analizar si este nuevo ente cumple con lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República, el cual reserva la facultad de investigación penal solamente al Ministerio Público.
“Lo que ellos buscan es garantizar impunidad. El Estado debe asegurar que nosotros -fiscales- podamos ejercer nuestras funciones profesionales sin intimidaciones, sin trabas, sin hostigamientos, sin injerencias indebidas y sin riesgos injustificados”, manifestó Sandoval.
En relación con la posible extradición de fiscales extranjeros, el titular de la FECI afirmó que el Congreso no puede pedir extradiciones, ya que hay leyes que regulan este procedimiento, «Se deben respetar convenios internacionales», afirmó.
La CICIG fue establecida en el país en diciembre de 2006 por medio de un acuerdo suscrito entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para perseguir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el país. Su trabajo finalizó el pasado 3 de septiembre, debido a que el presidente Jimmy Morales no renovara su mandato.
Acuerdo Legislativo 2-2019
