El Congreso de la República aprobó con 105 votos a favor el Decreto 18-2021, que dispone el contrato de Alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto de “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje”, favoreciendo al Consorcio Autopistas de Guatemala, conformada por la empresa mexicana Marhnos y la guatemalteca Grupo Precon.
Durante la discusión del proyecto, diputados de bloques de oposición señalaron que este no beneficiaría al país, sino todo lo contrario, debido entre otros argumentos, al cobro de peaje para transitar; sin embargo, legisladores de los bloques de la alianza oficialista apoyaron la iniciativa de conceder la autopista al sector privado al justificar que generará desarrollo al país.
Para pasar por esta carretera, los automovilistas deberán pagar 15 quetzales. Pero la tarifa de peaje podría variar con el paso de los 25 años que dure la alianza público-privada.
Quedan exentos del cobro de peaje los vehículos de bomberos, ambulancias, Policía Nacional Civil, Ejército; vehículos de las instituciones públicas que transiten por asuntos del proyecto, grúas en servicio para la operación, del participante privado para servicio de operación y mantenimiento y de la supervisión de la agencia y el Ministerio de Comunicaciones.
Rechazo del proyecto dentro del Hemiciclo
La diputada Sonia Gutiérrez señaló que lejos de “promover el desarrollo” como algunos indican, pero las regalías que pagó la constructora al Estado fue de Q18 millones.
Mientras que la empresa ha tenido ingresos por más de Q1 mil millones en cobro del peaje.
Asimismo, el congresista Gustavo Cruz comentó que la concesión significará un gasto para las personas, y aunque indiquen que hay una carretera alterna, no hay mantenimiento a ese paso.
Además, la diputada Lucrecia Hernández Mack indicó que se trata de una privatización, ya que se otorga un bien público a una empresa. Otros congresistas señalaron que se compró votos para lograr la aprobación.
El contrato
El contrato del proyecto contiene 97 cláusulas y 12 anexos. “El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en su calidad de Institución Contratante del Estado, y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica ejercerán las funciones de supervisión y fiscalización”, establece el Decreto aprobado por el oficialismo.
Además, determina que esas dos entidades suscribirán el contrato con el Consorcio de Autopistas de Guatemala.
“Durante los primeros ocho años de la fase de explotación del proyecto, la distribución y asignación se ajustará a las siguientes reglas: 1. El 80% del total percibido será distribuido en partes iguales entre los Consejos Municipales de Desarrollo de Escuintla, Masagua, Puerto San José e lztapa; 2. El 20% restante, del total percibido deberá pasar a formar parte del fondo común-Gobierno de Guatemala”, dice la normativa.