Con 140 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria de Q20 millones a favor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El acuerdo legislativo 8-2020 indica que el Ministerio de Finanzas Públicos debe hacer una recaudación presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020 para dar cumplimiento a esa disposición.
Desde diciembre de 2019, el procurador Jordán Rodas había solicitado por diversas vías que se cumpliera con lo establecido en el Decreto Legislativo 25-2018 de trasladar los fondos. De acuerdo con el magistrado de conciencia, 700 trabajadores se quedaron sin su salario por la negativa del Congreso y del Ejecutivo de asignar dichos recursos.
Previo a la aprobación del acuerdo por los diputados, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional el pasado 7 de enero al PDH y ordenó al Organismo Legislativo el desembolso, en un plazo no mayor de 48 horas.
La CC señaló que la tardanza para trasladar los recursos trasciende en la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la entidad y la de sus familias que dependen de los salarios que ellos perciben.
No obstante, el expresidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar indicó que no acataría la decisión de la máxima corte por considerar que era ilegal. En cambio, se decidió que para el traslado de fondos a la PDH se haría por un procedimiento de 13 pasos.