- La cúpula empresarial interpuso ante la Corte de Constitucional (CC) un recurso de inconstitucionalidad contra el Presupuesto 2025 que se aprobó para el gobierno del presidente Arévalo
La impugnación del CACIF al Presupuesto 2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC), parece marcar un inicio de año cargado de confrontaciones políticas para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en momentos en que se prepara la presentación de lo que ha dado en llamarse, «primera cosecha».
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó acción de inconstitucionalidad parcial contra el Presupuesto 2025, aprobado a finales de noviembre anterior por el Congreso de la República con una amplia mayoría.
Por reacciones de diversos sectores a esta acción, principalmente en redes sociales, refleja un brote de tensión entre el sector empresarial y el Gobierno de Bernardo Arévalo, y anticipa un distanciamiento que podría tener repercusiones para la gobernabilidad del país, ya sometido a una polarización, producto de las acciones del sector justicia contra el gobierno del Movimiento Semilla y Arévalo.
Los puntos clave de la acción
El CACIF cuestiona principalmente la constitucionalidad de ciertas asignaciones específicas del presupuesto 2025, alegando que fueron aprobadas sin cumplir con las normativas establecidas para la discusión presupuestaria. Entre los argumentos expuestos destacan:
- Distribución discrecional de recursos: Señalan que varias partidas carecen de una justificación técnica sólida y podrían derivar en un mal uso de los fondos públicos.
- Prioridades presupuestarias cuestionables: Afirman que sectores estratégicos, como infraestructura y desarrollo económico, han sido relegados en favor de gastos considerados «poco relevantes» por el organismo empresarial.
- Falta de transparencia: Critican la supuesta opacidad con la que se aprobó el presupuesto, atribuyéndolo a una negociación política en el Congreso que priorizó intereses partidarios sobre los nacionales.
El impacto político: ¿una estrategia de presión?
La acción del CACIF llega días después que el gobierno del presidente Arévalo anunciara un incremento del 10% al salario mínimo, decisión que también fue criticada por el CACIF, que consideró que tendrá impacto en el desarrollo económico del país y afectará a las empresas pequeñas o medianas.
Para el gobierno de Arévalo, este acción ante la CC –que se ve también como una corte que resuelve políticamente– podría ser interpretado como una estrategia para limitar su capacidad de implementar políticas públicas y consolidar su agenda reformista. El presidente ha hecho énfasis en destinar mayores recursos a programas sociales y fortalecer sectores como salud y educación, iniciativas que han generado incomodidad en algunos círculos empresariales.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkis , respondió señalando que el presupuesto aprobado cumple con todos los requerimientos legales y técnicos, y calificó la acción del CACIF como un intento de frenar el desarrollo social del país.
Por su parte, el propio presidente Arévalo declaró:
«No podemos permitir que intereses particulares sigan dictando el rumbo de Guatemala. Este presupuesto fue diseñado pensando en las necesidades reales de los guatemaltecos, no en los privilegios de unos pocos.»
Sin embargo, el impacto de esta acción legal podría ir más allá de lo económico. Si la Corte de Constitucionalidad (CC) falla a favor del CACIF, el gobierno enfrentará un desafío significativo para operar en 2025, ya que tendría que ajustar sus planes bajo un marco presupuestario limitado o modificado.
¿Un precedente para futuras disputas?
Esta acción también pone en evidencia las tensiones entre el poder político y el sector empresarial en Guatemala. Analistas como Claudia Samayoa, experta en gobernabilidad, destacan que este tipo de acciones son un reflejo del poder que los sectores tradicionales mantienen en el país:
«La presentación de una inconstitucionalidad parcial puede parecer un recurso técnico, pero en realidad es un movimiento político. Se busca limitar el margen de maniobra de un gobierno que ha demostrado ser disruptivo para el status quo.»
En este contexto, algunos congresistas cercanos a Arévalo han cuestionado si la CC mantendrá una postura imparcial o si cederá ante las presiones de los grupos de poder.
El sector justicia se ha mostrado en una línea política en contra de la administración de Arévalo, principalmente el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, las cortes y algunos jueces coludidos con grupos muy vinculados al gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, uno de los más corruptos en la historia reciente del país.
El dilema de la Corte de Constitucionalidad
La Corte de Constitucionalidad se enfrenta a una decisión de alto impacto. Si falla a favor del CACIF, no solo limitaría el alcance del presupuesto 2025, sino que también enviaría un mensaje de respaldo a los sectores empresariales que han cuestionado las políticas del presidente. Por otro lado, si desestima la acción, fortalecería la posición del gobierno, permitiéndole avanzar con su plan de inversión social.
¿Qué sigue para el gobierno de Arévalo?
En términos políticos, esta acción refuerza la narrativa de confrontación que ha caracterizado el primer año de gestión de Bernardo Arévalo. Para el mandatario, el desafío radica en mantener su proyecto político en medio de una creciente oposición que incluye no solo al sector empresarial, sino también a aliados del gobierno saliente y a actores en el Congreso.
Desde el punto de vista económico, la incertidumbre generada por este tipo de disputas podría afectar la confianza de inversionistas y organismos internacionales en el país.
La próxima decisión de la Corte será un punto de inflexión. Más allá de lo que dictamine, el fallo revelará el equilibrio de poder entre los diferentes actores en Guatemala y determinará si el gobierno de Arévalo podrá avanzar con su visión de cambio o si será forzado a adaptarse a un contexto político hostil.