La mayoría de los conflictos se concentra de Huehuetenango y las Verapaces a Izabal e, incluso, parte del norte del Petén y el centro del país. Si los problemas no se atienden pronto, con seriedad y de manera adecuada, se pueden convertir en corto plazo en focos de ingobernabilidad, aseguran expertos.
Álvaro Alay
A finales del año pasado se registraban mil 476 focos de conflictividad agraria en el país; sin embargo, únicamente en enero se sumaron 27 nuevos casos, lo que representa que esta problemática puede ir en aumento.
Expertos en el tema indican que se debe reconocer que la conflictividad agraria es un problema estructural que desafortunadamente ha estado latente en la historia de la Nación, pero también resaltan que no ha sido abordada de manera sustancial, lo que genera que se acumule la inconformidad, y con ello se fomente la violencia.
Rolando Yoc, experto en resolución de conflictos, resalta que se debe reconocer que el incremento de casos en enero, más los acumulados de años anteriores, significa que no solo es insuficiente, sino ineficaz la atención que ha brindado el Estado a esa calamidad.
Asimismo, agrega que es fundamental tener una política de Estado sobre el abordaje e instrumentos como el diálogo, mediación y resolución de conflictos, para promover soluciones.
Debe existir una plataforma de la institucionalidad agraria que debe de tener respuestas sólidas y unificadas, porque a veces se encuentra desarticulación de las instituciones porque utilizan recursos sin dar certeza a la población de los compromisos que se han adquirido, asevera Yoc.
Conflictividad, focalizada
Según el Informe de monitoreo de política de conflictividad agraria en Guatemala, elaborado por la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, la mayoría de los conflictos se concentra de Huehuetenango, las Verapaces e Izabal, e incluso parte del norte del Petén y el centro del país.
Gustavo Normann, investigador del Instituto de Investigaciones y Proyectos sobre Estado de la Universidad Rafael Landívar, explica que desde el momento en que el problema agrario persiste y que la legislación al respecto se entrampa y no se resuelve, no se tiene una respuesta adecuada del Estado a estos
conflictos.
Las autoridades que acaban de asumir, enfatiza Normann, pese a que tienen un poco más de un mes en el cargo, deben asumir el problema de la conflictividad como un compromiso de Estado y retomar los Acuerdos de Paz, los cuales incluyen el tema agrario.
Por su parte, Yoc subraya que este tipo de conflictividad altera el clima social de armonía, debido a que la población queda insatisfecha por la falta de respuesta que ofrece el Estado y las instituciones para dar acceso a la tierra.
Indica que es por ello que la actual administración puede honrar los acuerdos serios que se han sostenido anteriormente como visión de Estado y salir adelante de una buena manera, o bien dejar de atenderlos, y con ello provocar conflictos serios y, desafortunadamente, ocasionar tragedias humanas.