Con los vientos de octubre se incrementaron los focos de conflictividad y de ingobernabilidad. La inconformidad social cobró fuerza después de esperar respuestas del Gobierno de Jimmy Morales, que nunca llegaron. El escenario para el otro año no es nada halagador.
Los focos de ingobernabilidad se dispararon en octubre. Esto solo podría ser una antesala de lo que se depara para el 2017, debido a que el Gobierno, y el Estado, ha sido incapaz de atender adecuadamente los conflictos sociales.
Octubre se caracterizó porque afloró con fuerza la inconformidad social tras nueve meses de relativa calma y después de un compás de espera para ver cómo iba a abordar la problemática la administración del presidente Jimmy Morales.
En el país los focos de inconformidad son latentes, pero estos no habían explotado con tanta frecuencia en lo que va del año. Sin embargo, eso empezó a cambiar.
El desalojo, el pasado 27 de octubre, de 30 familias que habían invadido una finca en la aldea La Esperanza, en El Estor, Izabal, terminó con un saldo de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos de bala y con el bloqueo, por parte de los desalojados, de la carretera que conduce hacia Río Dulce.
Un día antes, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizó marchas y plantones en 14 departamentos, demandando que el Gobierno ponga atención a la reparación de carreteras, que se detenga la contaminación de los ríos, se nacionalice la energía eléctrica y no se criminalice a sus integrantes —hay más de 400 denuncias en el Ministerio Público contra integrantes de Codeca por hurto de energía eléctrica—.
Entre el 27 y 31 de octubre —al cierre de la edición— pilotos de transporte pesado bloquearon algunos puntos de ingreso y salida al municipio de Guatemala, obstaculizaron la entrada a Puerto Quetzal, el principal punto de ingreso y egreso de mercadería al país, y de la aduanan Santo Tomás de Castilla, en rechazo a los nuevos horarios para circular en la ciudad capital, y que se extienden al fin de semana.Dicha medida fue establecida por la alcaldía de Guatemala.
El 11 del mismo mes, agentes de la PNC se enfrentaron violentamente con vecinos de Villa Nueva, que bloquearon la ruta al Pacífico y que se oponen a la construcción de una cárcel en ese municipio, y cuya edificación fue suspendida 20 días después por el Juzgado de Asuntos Municipales.
Mal abordaje
En lo que va del año, el Gobierno, según expertos, no ha demostrado ni tenido la capacidad para abordar los diferentes focos de conflictividad social y más ha brillado la inexperiencia, el mal manejo de diálogos y de mediación. Como consecuencia de ello, aseguran, se está llegando a altos niveles de inconformidad social y ello se ha empezado a evidenciar con focos de ingobernabilidad.
La conflictividad se ha mantenido latente, desafortunadamente el Gobierno actual no ha tenido operadores que le permitan poder identificar las soluciones y dar respuesta a los requerimientos de las poblaciones, prueba de ello fue lo que ocurrió en el Estor, Izabal, ya que son problemas que tienen vieja data, explica Rolando Yoc, experto en temas de conflictividad.
Luego, agrega que a estas deficiencias en el tratamiento de las demandas sociales se suman los problemas estructurales, como la falta de salud e inseguridad, donde también hay desaciertos gubernamentales.
En el Informe de Conflictividad de 2015, elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), reporta 133 conflictos a nivel nacional por temas relacionados con hidroeléctricas, otros 41 por minería, 14 más por petróleo y dos conflictos relacionados con tierras.
Sin embargo, este mapa de conflictividad ha variado, debido a que se han ido sumando más inconvenientes, entre ellos alrededor de 30 desvíos de ríos en todo el territorio del país, que también se pueden traducir en focos de ingobernabilidad.
Manuel Villacorta, analista político, enfatiza que los niveles de conflictividad de Guatemala son muy altos, quizá los más altos en países en desarrollo, a causa de que la conflictividad se ubica en el área rural, en problemas como respeto al medio ambiente, cultivos, hidroeléctrica y minería, mas subraya que también se tienen conflictos en la situación socioeconómica que se vive, asimismo, el reclamo por la tierra.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), comenta que la conflictividad tiene una historia muy larga, no necesariamente con este Gobierno, debido a que es de años atrás y por diversas aristas.
Hay conflictividad genuina por falta de presencia del Estado, sobre todo en el interior del país, pero también hay otra conflictividad que ve otros intereses en donde solo reciben donaciones o ingresos y su negocio es mantener la conflictividad constantemente, y eso se debe atender, subraya Zepeda.
Concluye espera
Como toda relación, la nueva administración de Gobierno tuvo su oportunidad para demostrar su capacidad de diálogo y negociación con los diversos actores sociales; sin embargo, esta luna de miel ha empezado a terminar y puede concluir en algo desastroso, sino se corrige el rumbo.
Yoc comenta que la transición de Gobierno fue un disuasivo para los conflictos, puesto que se le dio a la administración el beneficio de la duda, pero, asegura, que desafortunadamente ese compas de espera tenía una mecha muy corta, porque la población está irritada de que los gobiernos pasen y los problemas se agudicen.
Villacorta comparte ese criterio. El sector sindical, campesino y popular ha mostrado cierta paciencia y dieron un compas de espera a partir de la instalación de un nuevo gobierno, estaban con la voluntad de llegar a mesas de negociación, pero hay factores peligrosos, como el agotamiento en las organizaciones de la credibilidad del Gobierno; otro elemento es el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, porque la pobreza se expande, así como la inseguridad.
Mario Minera, director de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indica que la conflictividad ha escalado en el nivel de complicación, pues el año pasado, por la coyuntura que se tuvo, se desmovilizó esta conflictividad, la cual ahora está cobrando fuerza.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), resalta que la conflictividad no fue abordada en su dimensión por la actual administración, por lo que considera que más pareciera que no existen planes para ello.
Pensamos que iba a tenerse un manejo más adecuado o racional con base en el diálogo. Ahora lo que analizamos es que se preparaban para otra oleada de represión, un ejemplo de ello es lo que ocurrió en El Estor, Izabal, así como el intento del estado de prevención, subrayó Pascual.
El Director de Mediación de la PDH indica que el Gobierno debe fortalecer la Comisión del Diálogo, la cual considera que de momento no tiene el suficiente apoyo de la Presidencia. La Comisión de Diálogo no está de adorno, debe de tener capacidad y compromiso para atender estos problemas, ahora, si se le corta el espacio y la mantienen aislada, obviamente los temas y escenarios se van a multiplicar, porque esta comisión tiene problemas, como la falta de información. Lo que se está abordando en la mesa se tiene que convertir en políticas públicas.
Expectativas para 2017
Para el próximo año se espera que los reclamos sociales, si el Gobierno no mejora la manera en que los está abordando, se conviertan en medidas de hecho, y con ello se afecte la, ya de por sí, débil gobernabilidad.
Pascual, del CUC, no espera que el Gobierno solucione el otro año los temas que generan conflictividad social, y teme que en vez de ello se repriman las demandas. Se puede desatar una represión de choque y confrontación de la sociedad con el Estado, sería un punto delicado en el sentido de que no solo puede haber retrocesos.
Una visión similar tiene Villacorta: El gobierno el otro año será rebasado por demandas populares, el panorama no pinta estabilidad, se ve caída en la economía global, que son cuestiones que trascienden a nivel nacional, pero se sumaran a la problemática interna.
Desde el punto de vista de Yoc, el próximo año el Gobierno debe de tener una agenda establecida y clara para temas como acceso humano a la salud, seguridad, fomento al empleo y, fundamentalmente, para atender problemas de acceso a la tierra.
En este sentido, los expertos coinciden en que el Gobierno ha perdido su primera oportunidad; sin embargo, resaltan que pueden tener cambios contundentes, solo sí se fortalecen sus estrategias de diálogo, de lo contrario, vislumbra una sociedad polarizada por la conflictividad, que podría llegar a caer en ingobernabilidad.