El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), a través de un comunicado, emitió opinión ante las evidentes y prolongadas integraciones de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, señalando todo país que quiere vivir en Estado de Derecho necesita un sistema de administración de justicia que sea confiable, ajustado a la Ley, y ejercido por personas probas, honorables, conocedoras del Derecho e independientes ante presiones de cualquier tipo procedente de cualquier grupo o persona.
“El sistema de elección de jueces y magistrados planteado en la Constitución de 1985 ha ido siendo retorcido por diversidad de intereses, las más de las veces ilícitos, cuando no abiertamente delictivos y criminales, llegando a situaciones que van haciendo de la justicia y su administración en Guatemala laberintos sin salida”, afirmaron.
Por ello, destacaron que la existencia de pactos ilegales y el abuso de la figura del amparo constituyen prácticas evidentes que hacen virtualmente inviable una salida en ley que permita confiar en la justicia y en su administración.
“Los continuos escándalos referidos a personas vinculadas a procesos eleccionarios de la integración de las Cortes constituyen un drama que pone en tela de juicio la existencia misma de Estado de derecho en el país”, añadieron.
En ese orden y en la búsqueda del bien común, como norma suprema de convivencia, el Consejo del CEG, insta a los responsables, activos y pasivos, de los procesos de elección de las Cortes a que contribuyan a hacer posible la credibilidad en la administración de justicia y en la recta elección de sus administradores.
“Que Dios, autor de todo bien, ilumine y sostenga a quienes puedan contribuir al fortalecimiento de la justicia en Guatemala, justicia que nuestro pueblo ansia y que Guatemala merece”, puntualizaron.
Otro pronunciamiento
El 16 de julio de 2020, el Consejo de la Conferencia Episcopal de Guatemala también hizo un serio llamado al Congreso de la República para que eligiera a las nuevas autoridades del Organismo Judicial.
“Esta elección ha sido un proceso accidentado en los años 2009, 2014 y 2019. En el proceso 2019-2020 la Corte de Constitucionalidad, a instancias del Ministerio Publico, mediante el otorgamiento de amparos provisionales, volvió́ a interrumpir el procedimiento; no se eligieron nuevos titulares de las Cortes en el tiempo estipulado y los actuales magistrados han prolongado sus funciones como sucedió́ en el año 2014”, afirmaron en ese entonces.
De acuerdo con la CEG, surgen algunos interrogantes: ¿A quién beneficia esta postergación? ¿Al pueblo de Guatemala, al Orden Constitucional, al Bien Común, a la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca? ¿O a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país?
“Con el respeto que cada uno de ustedes se merece como personas y como representantes de cada Organismo, sin ser nosotros los llamados a dar soluciones técnicas, pero con un comprometido sentido cívico y pastoral permítannos compartirles algunos principios que, aceptados y entendidos, pueden ayudarles a cumplir con la sagrada y única responsabilidad que ustedes han recibido del mismo pueblo de Guatemala: la búsqueda del bien común y su primacía sobre otros intereses”, destacaron las autoridades de la Iglesia Católica.