El periodista debe ir a juicio sin posibilidades de una defensa jurídica, pues el juzgador rechaza los medios de prueba de la defensa. Juicio sería en mayo próximo
Por la forma en que se ha llevado todo el proceso en contra del periodista José Rubén Zamora, periodista destacado por su lucha anticorrupción, el sistema de justicia del país prepara su condena, y ha quedado en un «estado de indefensión», por las múltiples resoluciones «ilegales» del juez Fredy Orellana.
El abogado defensor de Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa, expuso en la audiencia de este jueves que “se está dejando en estado de indefensión a mi patrocinado», cuando el juez rechazaba el principal medio de prueba con que cuenta, el cual permite desvanecer la acusación del Ministerio Público (MP), que le acusa del delito de lavado de dinero.
La audiencia era precisamente para que las partes presentaran sus medios de prueba en el juicio, que se fijó de una vez para mayo del año entrante. Todos los medios de prueba propuestos por el MP y la Fundación Contra el Terrorismo fueron aceptados por Orellana, un juez muy cercano de los abogados de la citada fundación, que actúa como querellante adhesivo en todos los casaos contra los operadores de justicia anticorrupción que son perseguidos por la «alianza oficialista» y el sistema de justicia que esta controla.
El alegato de Solórzano Foppa se produjo luego de que el juez séptimo Fredy Orellana resolviera admitir la mayoría de la prueba que ofreció el Ministerio Público (MP) contra Zamora. Sin embargo, el juzgador no aceptó la mayoría de documentos y declaraciones que Zamora ofreció como medios de defensa para el juicio que se realizará el próximo año en el Tribunal Octavo de Sentencia.
Entre lo ofrecido por Zamora están los documentos que acreditan la forma en que recibió los Q300 mil que supuestamente el periodista habría «lavado». Se trata de una negociación «perfectamente lícita», y todo está debidamente documentado, «desde el contrato de compra venta de un cuadro, pasando por la forma en que el dinero fue retirado del banco», expuso Solórzano foppa.
Tampoco se aceptaron como testigos las personas que participaron en la transacción comercial documentada.
Solórzano Foppa aseguró que la resolución emitida por el Orellana es “completamente ilegal porque no se permite a la defensa presentar a los testigos que dan fe y corroboran el origen del dinero que Zamora entregó, a través de otras personas, al señor Ronald García Navarijo”.
Además, el abogado consideró que en un juicio por lavado de dinero lo más importante es determinar el origen del dinero y si no se aceptan los testigos que están dando plena validez y los documentos por los cuales se acredita la procedencia del dinero se deja en un estado de indefensión a Zamora.
“Estoy cien por ciento convencido, después de haber visto esta resolución, lo que tenemos es un juez completamente parcializado y ante las mismas situaciones ha tomado decisiones distintas; ordenó investigar a los testigos de la defensa pero no permitió que se investigara al testigo de la acusación”.
Juan Francisco Solórzano foppa
Asimismo, el defensor de Zamora advirtió que el juez le llamó la atención por alzar la voz, pero al abogado del querellante le permitió levantar la voz, dirigirse a los sindicados, que golpeara la mesa, lo que a consideración de Solórzano Foppa evidencia que es un juez parcializado y que viola garantías del proceso como el derecho de la defensa.
La misma actitud tuvo durante las audiencias de fase intermedia, en donde la prensa pudo comprobar su parcialización y la flexibilidad y tolerancia que muestra hacia el abogado de Fundaterror.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, la Sociedad Interamericana de Prensa, y numerosas organizaciones internacionales que defienden la independencia del sistema de justicia, se han pronunciado en torno a este caso por las múltiples anomalías que se han visto de parte del MP y el juez Orellana.
Juicio
El Tribunal Octavo de Sentencia programó para el 2 de mayo de 2023, el inicio de juicio contra José Rubén Zamora y la exauxiliar fiscal Zamari Gómez, quienes continúan en prisión preventiva por un caso develado por el MP. Este caso ha sido cuestionado por entidades nacionales e internacionales por supuestos vicios en la pesquisa de la FECI que dirige Rafael Curruchiche.