Un Estado se encuentra en suspensión de pagos o default, según el anglicismo corrientemente utilizado, desde el momento en el que no puede reembolsar la deuda o pagar los intereses, sin por ello desaparecer, como le ocurre a una empresa que quiebra.
Los ejemplos más recientes son el Líbano, que el 9 de marzo se declaró en default, y Argentina, que el lunes aplazó a 2020 el pago de la mayoría de los intereses que debía pagar en 2019.
Otros países emergentes con dificultades económicas y golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus podrían encontrarse a breve plazo en la misma situación
¿Cómo entra un país en suspensión de pagos ?
Un país se encuentra en suspensión de pagos cuando no puede reembolsar préstamos -o «bonos» en la jerga financiera- que vencen o cuando ya no puede pagar los intereses. Los acreedores afectados pueden ser instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El primer ministro libanés, Hasan Diab, pronuncia un discurso en el palacio de gobierno el 7 de marzo de 2020.
A diferencia de las empresas, que se ponen en liquidación en caso de quiebra, los Estados no desaparecen y pueden acumular varias suspensiones de pagos como Perú, que tuvo cinco de 1976 a 1997.
¿Qué institución lo declara o constata?
Para un particular o una empresa, es una jurisdicción especializada la que declara la quiebra.
Pero en el caso de los Estados hay varias posibilidades: el propio gobierno puede declararlo, anunciando que deja de reembolsar la deuda que llega a la fecha de vencimiento para el pago.
También lo puede declarar una agencia de calificación financiera que decide clasificar al país en default parcial o total, como sucedió con Venezuela en 2017 cuando SP Global Ratings constató que el país no podía reembolsar 200 millones de dólares.
Es posible, asimismo, que lo establezca un acreedor privado, revelando públicamente que un país ha dejado de reembolsarle, o la agencia estadounidense ISDA, una organización profesional que reúne a los principales actores en el mercado de derivados.
¿Cuáles son las consecuencias financieras y judiciales?
La primera consecuencia es separar al país del mercado financiero internacional. En teoría, los acreedores tienen el derecho de apropiarse de los activos del país en el extranjero.
El presidente argentino, Alberto Fernández, se dirige a sus seguidores durante su ceremonia de inauguración en Plaza de Mayo, Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2019.
A nivel judicial, el país que entra en suspensión de pagos se expone a sanciones internacionales, principalmente a las represalias comerciales de los países de residencia de los acreedores.
También arrastrará una reputación de «mal pagador» que complicará su financiación en los próximos años. El FMI puede lanzar un plan de rescate.
¿Cómo se desarrolla la reestructuración de la deuda?
Reestructurar una deuda significa escalonar los reembolsos y, a menudo, reducir o borrar las deudas. Por lo tanto, la reestructuración de una deuda presupone que el país está en «suspensión de pagos», pero que, sin embargo, espera llegar a un acuerdo con sus acreedores.
La operación también puede atraer a los fondos «buitres» que desean aprovechar la debilidad del Estado para obtener tasas altas o lanzar procedimientos legales, como fue el caso durante la suspensión de pagos argentina de 2001. Estas complicaciones prolongaron considerablemente las negociaciones.
Para acompañar el proceso, existen varios grupos informales, como el Club de París o el Club de Londres.