El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que diez magistrados señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en el caso Comisiones Paralelas 2020, continuarán con inmunidad, según una resolución dada a conocer este jueves 5 de agosto.
Quienes continuarán con ese beneficio son: Romeo Monterrosa, Wilber Estuardo Castellanos, Dasma Janina Guillén, Selvin Flores, José Alejandro Córdoba, Edwin Albino Martínez, Rafael Morales Solares, José Luis Samayoa, Oscar Ruperto Cruz Oliva y Henry Alejandro Elías Wilson.
La FECI presentó las peticiones al tener indicios que los togados se relacionaron con Gustavo Alejos. La razón habría sido colocarse en el listado de candidatos para ser electos en el Congreso de la República como magistrados de Cortes de Apelaciones o de la CSJ.
Los magistrados les señaló de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.
La resolución fue emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que también están señalados en el caso. De acuerdo con el acta de las sesiones plenarias, la magistrada Silvia García, fue la única que se inhibió de conocer por estar involucrada en la investigación.
Además, María Eugenia Morales y Delia Dávila emitieron votos razonados disientes.
Más magistrados señalados
Los magistrados de la CSJ que son señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 son: Silvia Patricia Valdés Quezada, José Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina.
Además, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Nester Mauricio Vásquez Pimental, magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
En un comunicado brindado por el MP detalla que obtuvo “indicios como la existencia de una lista de candidatos previamente consensuada y de la cual el Congreso de la República debería elegir a magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones”.
También señala que se registraron reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la Comisión de Postulación para magistratura de las salas de la Corte de Apelaciones, entre los comisionados que eran parte del acuerdo, al margen de las funciones legales de las comisiones de postulación.
Otro de los puntos presentados por el MP, es acerca de indicios de que los votos de los diez funcionarios señalados fueron determinantes para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los mínimos indispensables, para cumplir con el requisito establecido en el artículo 2017 de la Constitución Política de la República, que señala que se requieren dos terceras partes.
El caso abarca a funcionarios de distintas entidades estatales, quienes ya se enfrentan procesos judiciales, como es el caso del exsecretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos, quien ha aportado información al Ministerio Público de cómo funcionaba la supuesta red.
También están implicados Mynor Moto, quien tiene orden de captura; Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, así como abogados y exaspirantes a magistrados de Apelaciones.