Por medio de una carta abierta, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República dio varias recomendaciones a las entidades públicas vinculadas a la situación de los privados de libertad en el marco de la crisis sanitaria que afronta el país a consecuencia de la pandemia Covid-19.
En la misiva, la Comisión asegura que el nuevo coronavirus ha develado la debilidad institucional del Estado en todos sus ámbitos, afirmando que existe una carencia de políticas públicas, infraestructura, recurso humano y presencia territorial para garantizar la salud, educación, el empleo y el desarrollo.
“El Sistema Penitenciario no es ajeno a estas debilidades preexistentes particularmente por el hacinamiento en los centros penitenciarios, debilidad de los controles y disciplina interna, ausencia de sistemas de atención sanitaria de 20, 192 personas en prisión, encontrándose en cumplimiento de condena 13, 777 personas y 12, 415 en prisión preventiva”, señala el documento.
Actualmente, Guatemala ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con una tasa de aglomeración del SP DEL 380 por ciento, lo cual genera que el nivel de contagio del Covid-19 sea muy elevado.
Al respecto, entidades como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos (ACNUDH) y los Relatores de Sub Comité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han expresado la situación de vulnerabilidad de las personas que guardan prisión, señalando que “por el grado de hacinamiento de las cárceles, en donde es prácticamente imposible el distanciamiento social” recomiendan a los gobiernos garantizar la seguridad de las personas reclusas y que estas cuenten con los mismos estándares de atención médica de la población en general, incluyendo pruebas para la detección del virus y los mismos tratamientos médicos y acceso a medicamentos.
Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos hace las siguientes recomendaciones:
Al Ministerio de Gobernación
- Realizar las asignaciones presupuestarias de las economías del Ministerio de Gobernación del actual ejercicio fiscal, con el fin de fortalecer el presupuesto de la Dirección General del Sistema Penitenciario para que pueda atender adecuadamente a la población penitenciaria por el Covid-19.
- Agilizar la implementación de la unidad que desarrollará el control telemático, con el fin que pueda materializar en el corto plaza, el uso de los dispositivos electrónicos que permita descongestionar la población reclusa, especialmente en este momento de posibles brotes masivos.
Al Director del SP
- Realizar de manera conjunta con la Corte Suprema de Justicia y con acompañamiento de la Oficina Nacional contra la Tortura una evaluación de las personas que están guardando prisión, tanto las que cumplen una condena como las que se encuentran en prisión preventiva y que se encuadran en los criterios de riesgo o vulnerabilidad mayores de 60 años o con padecimiento de enfermedades crónicas o degenerativas, según lo establecido por el Ministerio de Salud.
- Habilitar en los centros penitenciarios áreas de aislamiento y tratamiento para pacientes con Covid-19, así como organizar y priorizar los procesos de compra para el equipamiento y medicamento para tales pacientes.
- Agilizar la contratación de personal médico como de equipamiento e insumos de las clínicas en cada centro penitenciario.
- Implementar los protocolos de traslado oportuno y ágil de las personas reclusas a los centros hospitalarios por su gravedad requieran atención en esos centros.
A la Corte Suprema de Justicia
- Recomendar la agilización y priorización de las diligencias y audiencias judiciales, particularmente las de revisión de medidas de los privados de libertad, especialmente de las mujeres, adultos mayores y los que padezcan una enfermedad previo crónica o degenerativos que puede poner en riesgo la vida y salud por el contagio de Covid-19-
A la Fiscal General de la República
- Instruir particularmente a las distintas fiscalías distritales y de Sección incluyendo la FECI para que analicen caso por caso y con sentido común, prioricen el derecho a la vida de las personas reclusas en cumplimento de condena o prisión preventiva en las audiencias judiciales de revisión de las medidas coercitivas ante los riesgos de la salud por el Covid-19.
Al Procurador de los Derechos Humanos
- Acompañar el proceso de evaluación e identificación de las personas que integran los grupos vulnerables que guardan prisión cumpliendo una condena o en prisión preventiva.
- Emitir los informes y evaluaciones de cumplimiento de los estándares de derechos humanos de las personas reclusas ante el nuevo virus.
De acuerdo con informes del Sistema Penitenciario, de marzo a julio del presente año han fallecido 13 reos a causa de Covid-19 y 191 estaban contagiados.
Además, afirmaron que 57 guardias del SP se han contagiado y uno había fallecido. De estos, 37 se encuentran en Quiché y el resto se contagiaron en su comunidad y no se han presentado a laborar, según esa institución.