Por. Enma Reyes
Los cinco diputados que conforman la Comisión que investigará las supuestas ilegalidades que realizó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron este lunes su primera reunión de trabajo, en donde detallaron el cronograma de actividades.
Como primer punto, el presidente de esa instancia, Juan Ramón Lau, informó que no darán declaraciones a los medios de comunicación, sino designaron al legislador Aníbal Rojas como vocero del nuevo ente.
La Comisión estableció que a partir del 7 de octubre dará audiencia a todas aquellas personas que hayan sido afectadas por la CICIG. Este plazo tendrá una duración de un mes.
De acuerdo con el diputado Juan Ramón Lau, el 10 de enero de 2020 se deberá remitir al Congreso de la República un informe circunstanciado del trabajo realizado. “Esta instancia desarrollará su trabajo conforme a la Constitución y no intervendrá con las competencias del Ministerio Público ni del Organismo Judicial”, indicó el legislador.
Atribuciones de la Comisión:
Determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias por parte de la CICIG que hayan atentado contra derechos fundamentales de los habitantes de la República de Guatemala.
Recabar, evaluar y sistematizar información por cualquier persona, entidad pública o privada que hayan sido victimas de acciones ilegales y arbitrarias por parte del ente internacional.
Requerir información a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a las posibles acciones ilegales y arbitrarias realizadas por la CICIG.
Invitar a los financistas con el objeto de que compartan información respecto a los recursos proporcionados a dicha comisión y si estos les rindieron informes de los gastos realizados durante su gestión proponiendo que se realice una auditoría forense del mismo.
Solicitar información a los diferentes gobiernos sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la CICIG durante los 12 años que estuvo presente en el país.
Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, si así fuera el caso, la inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país al cual se considere que haya cometido un ilícito dentro del territorio nacional.