El juicio al hermano del presidente de Honduras, acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos en un escándalo que ha salpicado al mandatario Juan Orlando Hernández, comienza este miércoles en Nueva York, en medio de expectativas sobre nuevas revelaciones.
El exdiputado hondureño Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado, de 41 años, fue detenido en un aeropuerto de Miami en noviembre de 2018 y acusado de cuatro delitos por los cuales enfrenta un mínimo de cinco años de cárcel y hasta cadena perpetua. Hace casi un año está preso en Estados Unidos.
El juicio empezará con la selección de los jurados y será presidido por el juez federal de Manhattan Kevin Castel. El gobierno estima que durará unos 10 días hábiles.
«Juan Antonio está muy fuerte, está muy animado» y cree que será declarado inocente porque «es víctima de una gran conspiración del crimen organizado internacional», aseguró el martes de noche su familia en una carta difundida en Tegucigalpa.
Sus abogados «están optimistas y sólidos en la defensa, convencidos de que aportarán todos los elementos para demostrar su INOCENCIA», añadieron.
Con total impunidad
El gobierno estadounidense asegura que el «violento» acusado, miembro del Congreso de 2014 a 2018, estuvo involucrado al menos desde 2004 y durante más de 10 años en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a su país en avión, lanchas y, al menos una vez, en submarino.
Según la fiscalía, estuvo también involucrado en al menos dos asesinatos de narcos rivales entre 2011 y 2013.
El hermano del mandatario hondureño tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en algunos de los cuales la droga era etiquetada con sus iniciales «TH», según el despacho de Geoffrey Berman, fiscal del sur de Manhattan.
«Creía que podía operar con total impunidad», aseguró la fiscalía.
La justicia estadounidense indica que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las presidenciales de 2009, que ganó Porfirio Lobo (2010-2014); y de 2013, cuando triunfó por primera vez Juan Orlando Hernández.
Una moción presentada en agosto por la fiscalía de Manhattan para el proceso indica que el presidente Hérnandez recibió al menos 1,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico para su primera campaña, y un millón de lempiras (unos 40.000 USD) para la segunda.
También asegura que Lobo recibió dos millones de dólares para su campaña.
La fiscalía dice que probará que Lobo y Juan Orlando Hernández fueron co-conspiradores del acusado, y asegura que ambos fueron «electos presidentes en base, al menos en parte, de ganancias del tráfico de droga».
Campaña de desprestigio
Pero el mandatario, reelegido en cuestionados comicios en 2017, no ha sido inculpado formalmente por la justicia estadounidense y niega las acusaciones.
Tras masivas manifestaciones opositoras exigiendo su renuncia, Hernández aseguró la semana pasada ante la ONU que hay «una campaña de desprestigio» en su contra liderada por exjefes narcos furiosos por haber sido extraditados a Estados Unidos.
Los abogados de Tony Hernández dicen que el verdadero blanco de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, es el presidente.
El gobierno planifica llamar como testigos a cinco antiguos cómplices del acusado, entre ellos Alexander Ardón, exalcalde hondureño acusado de negociar con narcos de Colombia, Honduras, Guatemala y México para enviar cocaína a Estados Unidos entre 2000 y 2015, que se entregó a la DEA en febrero.
Otro testigo sería Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel hondureño Los Cachiros preso en Estados Unidos y quien declaró en 2017 haber sobornado a Tony Hernández cuando era diputado.
El capo hizo esta declaración al dar testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo que en 2017 fue condenado en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico.
Otro pariente de Tony Hernández y del presidente hondureño, su primo Mauricio Hernández Pineda, exoficial de policía, también fue acusado este mes en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína y posesión de armas.
En 2017, el excongresista Yani Rosenthal, dos veces candidato presidencial, fue sentenciado en Nueva York a tres años de prisión por lavado de dinero proveniente de Los Cachiros. Su padre, acusado del mismo delito, falleció en enero.
Su primo Yankel Rosenthal, exministro de Hernández, fue sentenciado también a dos años y medio de prisión por el mismo delito.