Los colombianos están convocados a paralizar actividades este miércoles, en el séptimo día de una protesta que como pocas veces ha llenado las calles de inconformes de todas las clases que exigen al gobierno de Iván Duque un cambio de rumbo.
Los líderes de la movilización pretenden aumentar la presión a través de la segunda huelga en menos de una semana contra el gobierno de derecha que se instaló hace 15 meses.
Durante la jornada se esperan marchas y la suspensión de actividades, aunque en las primeras horas el llamado «paro nacional» recibía tibia adhesión en Bogotá, epicentro de la protesta que estalló el pasado jueves precisamente con una huelga.
Bajo vigilancia policial, el transporte público y el comercio se veían reducidos, sobre todo en el centro de la capital. En Cali y Medellín también hay concentraciones.
En todas partes, los manifestantes alzan pancartas contra el gobierno al ruido de cacerolas y algunos llevan la bandera como capa o se visten de payasos para denunciar la que consideran burla del Estado.
«Estamos indignados con tanto maltrato y tanta corrupción. Me disfrazo de payaso porque así nos ve el gobierno. Ya pelearon en Ecuador, en Chile, en Bolivia, ahora nos toca a decir: ¡no más! Queremos justicia social, educación, equidad, que el gobierno mire para abajo y no para arriba», dijo a la AFP David Martínez, un empleado público de 50 años.
Si bien en su mayoría han sido pacíficas y alegres, las protestas dejan cuatro muertos y medio millar de heridos entre civiles, policías y militares, 184 detenidos y 60 venezolanos expulsados por «actos vandálicos», según un balance de la policía.
Una democracia de «privilegios»
En medio de la agitación social que recorre el continente sin una causa común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno. Casi siete de cada diez colombianos lo rechazan, según un sondeo de Invamer de principios de mes.
El mandatario no solo encara el desprestigio de sus políticas, sino también el descontento que se ha ido incubando por décadas y que fue silenciado por el ruido del conflicto con las FARC, la otrora guerrilla convertida en partido tras la firma de la paz hace tres años.
«Han convertido a Colombia en una democracia donde favorecen a una minoría de empresarios y burócratas, mientras la gran mayoría debemos sostener sus privilegios», señaló en Twitter el sindicato del magisterio, Fecode, uno de los más activos en la movilización.
Desde el pasado jueves ríos de gente se movilizan a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta. El presidente Duque lanzó el domingo un «diálogo social» para escuchar los reclamos de la calle.
Sin embargo, abrió las conversaciones con los políticos antes que con los portavoces de la protesta lo que le ha restado filo a su iniciativa.
«Este gobierno está abierto a (…) construir hacia adelante, pero hay que hacerlo también con toda la sociedad», se justificó Duque en una entrevista con W Radio, insistiendo en que muchos de los reclamos son consecuencia de una campaña de desinformación o de «premisas falsas».
Múltiples reclamos
El Comité Nacional del Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó una plataforma de 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite en el Congreso, hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz.
Pero quizá el punto más controvertido es el desmonte de la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad), tras la agresión que sufrió el sábado Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió dos días después a causa de la heridas en la cabeza que le provocó un uniformado con una escopeta, según la investigación preliminar.
El presidente reconoció que en estas situaciones pueden presentarse «desenlaces fatales», pero defendió a los agentes antidisturbios que, según él, han prevenido «cosas peores» ante la acción de «vándalos y pillos».
Duque ya dio las primeras señales de flexibilización. La víspera anunció ajustes a su proyecto de recaudación de impuestos que apuntan a aliviar al 20% más pobre del país, mediante la devolución del IVA del 19% y beneficios a las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años.
«Esta protesta debe seguir hasta que nos ponga atención. El presidente no está atendiendo lo que el pueblo le está pidiendo», dijo Claudia Tobar, quien según dijo debió emplearse para poder costear sus estudios universitarios porque tres veces el Estado le negó un crédito educativo.
Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
También los colombianos han hecho sentir su rechazo frente al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y el asesinato selectivo de activistas de derechos humanos y líderes sociales.