- Comcel paga millonaria multa en EE. UU. por sobornos de la “Ley Tigo”, mientras el caso en Guatemala se engavetó en el MP
- Aquí los detalles de cómo operaba la corrupción… y cómo el caso fue hábilmente refundido en el MP por Curruchiche.
- El diputado Boris España (Vamos) figura en la lista de parlamentarios que debieron enfrentar la justicia y resultaron favorecidos.
La telecomunicadora Millicom International Cellular S.A. informó que su filial guatemalteca Comunicaciones Celulares S.A. (Comcel) –operadora de la marca Tigo– llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por una investigación de sobornos pagados a funcionarios y diputados en Guatemala para aprobar la llamada “Ley Tigo”.
El convenio establece el pago de una multa de 60 millones de dólares y la renuncia a unos 58.2 millones en beneficios obtenidos a partir de esos pagos, para un monto cercano a 118 millones de dólares en sanciones económicas. 
Mientras tanto, en Guatemala el caso penal que abrió la CICIG en 2019 contra una red de políticos y directivos de Tigo permanece detenido ahora en la FECI a cargo de Rafael Curruchiche, sin que se haya avanzado en el caso de corrupción, a pesar de la enorme cantidad de pruebas que dejó el ente fiscal internacional en su momento.
La «mecánica»
Millicom sostiene que en 2015 decidió autodenunciar ante el DOJ y las autoridades suecas la existencia de estos pagos irregulares, y que desde entonces ha cooperado con las investigaciones y reforzado su programa de cumplimiento. Según el comunicado, esa colaboración permitió reducir el plazo del acuerdo de tres a dos años y evitó la imposición de un supervisor externo para vigilar a la empresa. 
La trama de corrupción ya había sido reconstruida por la CICIG en el caso conocido como “Subordinación del Legislativo al Ejecutivo / Ley Tigo”, presentado en 2019.
PARTE DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS POR CICIG EN ESTE CASO:
Según esas investigaciones, entre 2012 y 2015 una estructura de diputados fue cooptada desde la entonces vicepresidenta. La CICIG documentó que empresarios vinculados a Tigo –entre ellos Acisclo Valladares Urruela, directivo de la empresa y posteriormente ministro de Economía; Mario López Estrada, principal accionista; y Luis Fernando Valladares, gerente de Comcel– participaron en el cabildeo y redacción del proyecto de ley dentro de la propia Casa Presidencial.
Según la presentación que la CICIG hizo en su momento, los directivos de Tigo entregaban maletas con dinero en efectivo a agentes de la SAAS en el edificio de la empresa en carretera a El Salvador.
Ese dinero era trasladado primero a la residencia de Baldetti y luego a Casa Presidencial. La fiscalía calculó pagos de alrededor de Q50 mil por diputado cada dos meses para asegurar votos a favor de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo, entre ellas la Ley Tigo.
En 2017 el Ministerio Público realizó allanamientos en las oficinas de Tigo y en residencias de directivos de la compañía, así como en la casa de Acisclo Valladares, como parte de esta investigación. 
La “Ley Tigo”: una norma hecha a la medida
El corazón del caso es el Decreto 12-2014, oficialmente Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de Infraestructura para la Transmisión de Datos.
La CICIG demostró que:
- El proyecto fue preparado en la Vicepresidencia junto con directivos de Tigo y luego enviado al Congreso prácticamente sin cambios.
- Los diputados ponentes conocieron el texto el mismo día de su aprobación, el 8 de abril de 2014, en una reunión de desayuno en un hotel capitalino.
- El elemento de “bloqueo de señal en cárceles” se incorporó en las últimas horas para hacer la iniciativa más aceptable ante la opinión pública, aunque el verdadero objetivo era facilitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en bienes de dominio público y sancionar a funcionarios que intentaran cobrar tasas o impedir esas obras.
Durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, Tigo fue la única empresa del sector que se benefició directamente, según el mismo documento de la CICIG. 
Valladares se declara culpable en EE. UU; aquí, el expediente congelado
El caso dio un giro en julio de 2022, cuando Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable ante una corte estadounidense de conspirar para lavar dinero. En ese proceso aceptó haber participado en el blanqueo de 9.5 millones de dólares, parte de los cuales se utilizaron en 2014 para pagar sobornos a diputados guatemaltecos con el fin de aprobar una ley que favorecía a Tigo. 
Pese a esa admisión de culpabilidad en Estados Unidos, en Guatemala no se ha discutido la validez de la Ley Tigo ni se ha avanzado en la responsabilidad penal de los políticos señalados, subraya Prensa Comunitaria. 
El expediente local se fue debilitando
Tras la salida de la CICIG primero y luego la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI, el caso se debilitó en el MP y los tribunales.
En 2019, la FECI pidió retirar el antejuicio a Valladares Urruela –entonces ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales– así como siete diputados, entre ellos el actual congresista Boris España. La Corte Suprema de Justicia rechazó las solicitudes, por lo que ninguno de ellos pudo ser procesado.
Ya para ese momento era claro para organismos nacionales e internacionales que la justicia había sido cooptada por fuerzas llamadas «corruptas y antidemocráticas».
Poco después, el juez Víctor Cruz anuló varias de las principales pruebas recabadas por CICIG, incluyendo escuchas telefónicas que documentaban la entrega de sobornos, pese a haberse realizado con orden de juez El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló públicamente que esa decisión fue parcial y favoreció a los acusados.
El resultado es que, mientras el sistema de justicia estadounidense sanciona a la empresa y obtiene una confesión de uno de sus exdirectivos, el caso en Guatemala permanece virtualmente paralizado y la red política señalada por la CICIG no ha enfrentado un juicio de fondo. 
La posición de Millicom y las preguntas abiertas
En su comunicado reciente, Millicom insiste en que la conducta ilícita ocurrió cuando “carecían de control operativo” sobre Comcel, dirigida directamente por Mario López, quien posteriormente vendió a la casa matriz su participación.
Ahora, Millicom expone que ha tomado “todas las medidas posibles para remediarla y corregirla”, incluyendo la cooperación con autoridades de Estados Unidos y Suecia, así como el fortalecimiento de sus programas de cumplimiento interno.
Sin embargo, las investigaciones de CICIG, FECI y medios de prensa han dejado documentado que los presuntos sobornos provinieron de altos directivos de Tigo Guatemala, diseñaron una ley a su medida y utilizaron la estructura de poder del entonces gobierno del Partido Patriota para asegurar su aprobación. Nunca se persiguió a los diputados sobornados.
LISTA DE DIPUTADOS DENUNCIADOS POR LA CICIG
Según ñas pruebas recabadas por la CICIG los diputados que, en algún momento en aquellas transacciones de corrupción fueron «jefes de línea», son los siguientes:
- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez.
- Boris Roberto España Cáceres. (Diputado actual Bancada Vamos, ex del PP, del Reformador y de Todos)
- Juan José Porras Castillo.
- Mirma Magnolia Figueroa
- Marco Antonio Orozco Arriola
- Gustavo Arnoldo Medrano Osorio
- Haroldo Eric Quej Chen
- Marvin Estuardo Díaz Sagastume
- Amílcar Aleksánder Castillo Roca
- Gudy Rivera Estrada
- Édgar Romeo Cristiani Calderón
- Emilenne Aquino Mazariegos
- Manuel Marcelino García Chutá
- Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga
- Carlos Valentín Gramajo Maldonado
La CICIG presentó públicamente esta lista de los diputados que estaban implicados en el caso por recibir sobornos que llegaban desde la vicepresidencia de la República, a cargo de Roxana Baldetti
El acuerdo con el DOJ cierra el capítulo penal para Comcel en Estados Unidos, pero abre interrogantes en Guatemala:
1. ¿Habrá consecuencias para los políticos beneficiados?
Los nombres de los diputados y operadores políticos aparecen en expedientes de CICIG, resoluciones judiciales estadounidenses y reportajes de investigación, pero las decisiones de la CSJ y de tribunales locales han impedido procesos de fondo.
2. ¿Qué hará el Ministerio Público?
Hasta ahora no hay señales de que el MP pretenda reactivar el caso, a pesar de la nueva evidencia y del reconocimiento de culpabilidad de Valladares en Estados Unidos.
Un contraste entre sistemas de justicia
El caso Comcel–Ley Tigo se convierte así en un nuevo ejemplo del desfase entre la persecución internacional de la corrupción y la impunidad interna.
En Estados Unidos, la combinación de autodenuncia corporativa, cooperación y presión de las autoridades terminó en una sanción millonaria y en la admisión de delitos por parte de un exministro y directivo de la empresa. 
En Guatemala, en cambio, las decisiones judiciales y políticas han protegido a los actores locales señalados por la misma trama y han dejado en suspenso la revisión de una ley aprobada –según las propias investigaciones oficiales– gracias a un esquema de sobornos que operó desde la cúspide del poder. 
Mientras Comcel paga su multa y promete “altos estándares éticos”, la Ley Tigo y sus consecuencias siguen siendo, a día de hoy, una asignatura pendiente para la justicia y la institucionalidad guatemalteca.