Acción Ciudadana (AC) y el Colegio de Ingenieros emitieron este viernes un comunicado de prensa en donde manifiestan la urgencia de poner fin a los actos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tras darse a conocer la falsificación del exdirector general de Caminos para transferir Q135 millones.
“La corrupción en el Ministerio de Compunciones, Infraestructura y Vivienda es histórica, estructural y sistémica. Casos juzgados dan cuenta de cómo operan los carteles de constructores y funcionarios coludidos sin que hasta la fecha ningún Gobierno busque modificar el modus operandi de esta estructura de gran corrupción”, afirman.
Ambas instituciones añaden que “más de una docena de funcionarios entre Ministros, Viceministros, Directores y Miembros de juntas de Calificación enfrentan proceso judicial por delitos de corrupción como colusión, cohecho activo y pasivo, fraude, lavado de dinero, financiamiento ilícito de campañas electorales, etc. Sabiendo esto, nuevos Gobiernos prefieren sacar provecho de los vicios del sistema que entrar a modificarlo de tajo”, reiteran.
Tanto AC como el Colegio de Ingenieros aseguran que año con año se genera un flujo constante de deuda de arrastre por el irrespeto continuo a normas presupuestarias que permiten contraer compromisos sin respaldo financiero. “La Colusión entre empresas y la adjudicación de contratos sin competencia se ha convertido en la norma. La ausencia de controles efectivos que frenen estas prácticas ha convertido a los funcionarios de turno en intocables, dentro de un esquema burocrático que se resiste a rendir cuentas y actuar con transparencia”.
Ante ello, las dos instituciones realizan las siguientes propuestas:
-Implementar una auditoría independiente, contable y técnica de ingeniería a todas las unidades que conforman el CIV con participación de profesionales de reconocida capacidad, honorabilidad, ética y experiencia para identificar hallazgos y malas prácticas en la ejecución de los proyectos y en la administración de los recursos asignados a esa cartera.
-Con los resultados obtenidos, determinar las acciones judiciales a seguir para que quienes resulten implicados en actos anómalos, rindan cuentas ante la justicia.
-Proponer una ruta de cambio que lleve a una reforma integral de la institucionalidad vigente con participación amplia de sectores sociales independientes.