El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por el aumento en los ataques a la independencia de la judicatura guatemalteca, en particular, por la ofensiva dirigida contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
El acoso expuesto por los juristas estadounidenses se centró en las últimas solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público (MP). Fundamentándose en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, el conglomerado sentenció: “las solicitudes de antejuicio contra la jueza Aifán son un ataque directo a su independencia judicial y suponen un grave riesgo para el Estado de Derecho en Guatemala”.
Estos principios de la ONU ordenan al Estado garantizar la independencia de la judicatura “sin restricciones, influencias indebidas, inducciones, presiones, amenazas o injerencias (…)”.
En las últimas semanas se han presentado tres nuevas solicitudes de antejuicio contra la jueza Aifán, que se suman a otras dos iniciadas en 2020 y 2021. Estos recursos están relacionados con el caso “Comisiones paralelas 2020: control político y judicial en manos de un privado de libertad”, que señala a Gustavo Alejos de actos de corrupción relacionados con la elección de cortes, mientras este permanecía supuestamente hospitalizado.
El 13 y 18 de enero de 2022 el MP, dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras, presentó dos solicitudes de antejuicio contra la jueza Aifán; una tercera solicitud fue presentada por Raúl Amílcar Falla en nombre de la Fundación contra el Terrorismo el 24 de enero de 2022.
Estas solicitudes se refieren a presuntos delitos cometidos por la jueza Aifán, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato en el caso Comisiones Paralelas 2020.
“Si prosperan los antejuicios contra la jueza Aifán, esto permitiría procesarla penalmente por presuntos abusos en su resolución de casos presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, advirtió el Colegio de Abogados de Nueva York.
Asimismo, la organización recordó que en septiembre de 2021 el Departamento de Estado incluyó a la Fiscal General en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de los Estados Unidos por obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales.
Y en cuanto al tercer antejuicio presentado por la Fundación contra el Terrorismo, indicaron que el abogado Raúl Falla Ovalle fue incluido en el “Informe al Congreso sobre personas extranjeras que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas, la corrupción significativa o la obstrucción de dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras” de julio de 2021.
Represalias son evidentes
De acuerdo con lo resaltado anteriormente, el Colegio agregó que la jueza Aifán es sometida a represalias debido a su trabajo como supervisora de casos complejos y de alto perfil contra altos funcionarios gubernamentales y organizaciones del crimen organizado. “Estas solicitudes de antejuicio constituyen claramente un intento de tomar represalias contra ella e intimidarla por desempeñar sus funciones judiciales de acuerdo con la ley”, declararon.
Este mismo punto ha sido descrito por otras instituciones extranjeras, como el Departamento de Estado de EE. UU., quien comentó que la presentación de la solicitud de antejuicio contra Aifán era un esfuerzo “descarado para obstruir las investigaciones de corrupción y una afrenta a la integridad de los más altos tribunales de Guatemala”.
También la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, calificó la solicitud como una “represalia transparente por su independencia y valor en defensa de la rendición de cuentas y el estado de derecho”.