La violencia e inseguridad ciudadana sigue latente. En Guatemala la pena de muerte no se aplica desde el año 2000, pero aun está vigente. En las últimas semanas el debate ha resurgido y, mientras más del 80 por ciento de los guatemaltecos está a favor, los grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica se oponen.
Álvaro Alay
Sicarios asesinan a diario en las calles sin esconderse siquiera. Mareros hacen estallar una bomba en un bus extraurbano: dos muertos y 21 personas con quemaduras graves. Son noticias fuertes, que se vuelven cotidianas para los guatemaltecos, que vuelven a clamar porque se cumpla con aplicar la pena de muerte.
El expresidente Alfonso Portillo hizo que se derogara el artículo que consideraba el indulto en el Código Penal, y creó un vacío legal que impide que hasta la fecha se pueda aplicar la pena de muerte a los asesinos. El exmandatario Álvaro Colom vetó años después la ley que establecía nuevamente el indulto presidencial, por lo que todo quedó en el limbo.
El tema volvió al tapete con una iniciativa presentada en el Congreso de la República por las exdiputadas (FRG), Zury Ríos y Lucrecia Marroquín viuda de Palomo, quienes demandan que se aprueben las reformas para restablecer la aplicación de la pena de muerte en los casos que contempla la ley.
El Código Penal establece que la pena de muerte se aplicará a los delitos de parricidio, asesinato, asesinato agravado por plagio o secuestro y magnicidio; asimismo, cita que esta medida no se les puede imponer a mujeres, mayores de sesenta años, ni a reos por delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.
En tanto que Pacto de San José, contrario a lo que muchos argumentan, no prohíbe la pena de muerte, pero sí prohíbe a los Estados, que mantienen vigente la pena de muerte, poder agregar nuevos delitos a los ya establecidos.
Cruzada cobra vigor
Tras llegar al Congreso a pedir los cambios, Marroquín de Palomo ha iniciado una virtual cruzada a favor de la pena de muerte, la que ha tenido eco en la mayor parte de estratos de la sociedad, en donde, según encuestas, ha existido siempre un apoyo payoritario a su aplicación, contrario a las posturas de las organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica.
Varios programas de radio y la prensa en general, han vuelto a tomar el tema en sus agendas, pero no tanto como se ha visto en las redes sociales, en donde el apoyo a la pena de muerte se manifiesta con vigor.
El presidente del Congeso, Mario Taracena, dijo que él, en lo personal, está a favor de que se aplique este castigo, pero anticipó que como partido nos oponemos, y todo indica que habrá oposición, incluso, para someter el tema a la agenda del Organismo Legislativo.
Los últimos condenados a muerte fueron dos miembros de la banda conocida como Los Pasaco, Luis Cetino y Tomás Cerrate, quienes recibieron la inyección letal el 29 de junio de 2,000. Desde entonces, nadie más ha sido ejecutado por el limbo existente, que consiste en que no hay una instancia que resuelva la solicitud de indulto.
Marroquín de Palomo considera que se debe aplicar la pena de muerte, entre otras cosas, porque está vigente en el país, y como un medio de justicia para castigar a aquellos que quitan la vida por medio del sicariato y otros métodos.