En abril de 2015, la CICIG y el MP develan el primer gran caso de corrupción en Guatemala, conocido como La Línea. Desde entonces se ha llevado a cabo la más grande investigación penal jamás conocida en el país, con la captura de exgobernantes, exministros y personalidades que han ocupado los altos cargos en el Estado, diputados, jueces, magistrados, empresarios y particulares. La impunidad ha dejado de ser un manto protector. ¿Por qué?, hay cinco razones de peso.
Redacción de Crónica
En n
ingún país del mundo se ha visto una persecución contra la corrupción tan efectiva como la que han llevado a cabo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), aunque algunos procesos podrían tardar años en llegar a sentencias condenatorias.
Hace dos semanas se ha dado el mayor golpe con el llamado caso Cooptación del Estado, al que ha seguido casi inmediatamente el de La Coperacha, en el que hay implicados varios ex ministros de Estado —ver listados y notas adjuntas—.
El sistema de justicia está a prueba en el país, pero los casos destapado hasta la fecha han dejado al descubierto una forma de actuar que se venía dando en el país desde hace mucho tiempo, pero que alcanzó su peor expresión durante el gobierno del Partido Patriota (PP), cuya cúpula completa de dirigentes está en la cárcel acusada de diferentes delitos.
Personas que se consideraban intocables han sido alcanzados por el brazo de la justicia. Hasta finales de 2014 era impensable en Guatemala que se pudiera procesar a gobernantes, presidentes del Congreso, magnates de la televisión, jefes militares, ministros o empresarios, banqueros y funcionarios de muy altos cargos. Hoy, la cárcel de Mariscal Zavala no tiene espacio para más implicados en todos los casos descubiertos, y como han anticipado la fiscal general, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, hay en proceso investigaciones de muchos casos más.
¿Cuál ha sido la causa para llevar con éxito esta lucha contra la corrupción? Hay por lo menos cinco factores claramente definidos:
- Determinación de CICIG
Aunque está en el país desde 2007, no fue sino hasta finales de 2014, ya bajo el mandato de Velásquez, que se dio un giro sustancial a los casos a investigar. Se detectó claramente que dentro del Estado había estructuras criminales bien organizadas, dedicadas a la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Estas estructuras operaban bajo un manto de impunidad construido a través del tiempo por la llamada clase política, que tenía cooptado al sistema de justicia. Se sospecha que las ramificaciones pueden llegar a las más altas esferas políticas, y principian a aparecer los indicios y pruebas. Los gobernantes Pérez y Baldetti enfilan sus baterías contra la CICIG y anuncian que no se permitirá que continúe en el país. En ese momento se enteran de que vendrán acusaciones.
La presencia de la CICIG ha garantizado investigaciones más independientes. Es un organismo internacional, ajeno a las presiones locales, con mejor capacidad de investigación que las fiscalías nacionales, al menos hasta ese momento.
La comunidad internacional manifestó su respaldo a la Comisión en su momento, y cuando se dieron los primeros casos destapados, el movimiento ciudadano se volcó también a su favor, lo que obligó al Gobierno a solicitar la ampliación de su mandato.
- Un MP independiente
Si la CICIG no hubiera encontrado la colaboración del Ministerio Público y la fiscal Aldana, es seguro que no se hubiera dado el avance en la mayoría de los casos. Una institución que se había mantenido siempre ajena a cualquier posibilidad de investigar la corrupción, decidió cambiar su rumbo y, además, actuar de manera independiente del Ejecutivo.
Fue así como se creó el dúo dinámico Aldana-Velásquez, cuya suma es la que ha logrado la fortaleza que ahora muestran investigaciones, capturas y seguimiento a los procesos.
Cabe destacar que también se ha requerido de la participación imparcial de jueces y magistrados, entre los que destaca, principalmente, el juez Miguel Ángel Gálvez, considerado pieza clave en el entramado de justicia autonómica y comprometida con el ejercicio del Estado de derecho.
- Colaboradores eficaces
La figura de los colaboradores eficaces había tenido poca relevancia en casos anteriores. En esta ocasión han sido de vital importancia para avanzar en las investigaciones, los datos proporcionados, primero, por Estuardo González, alias ECO, y luego Juan Carlos Monzón —Robacarros—, al que siguió Víctor Hugo Hernández, contador y representante de varias de las empresa de cartón utilizadas para lavar dinero.
Sin los testimonios de estos implicados y ahora testigos, sería más difícil armar los casos. El camino que se ha seguido es el de utilizar sus declaraciones para buscar pruebas, o confirmar hechos de los que ya se tenía conocimiento, pero en todo caso abren las puertas para otros casos, como ha ocurrido con Monzón.
No se descarta que en el caso del Congreso puedan surgir algunos colaboradores eficaces, ya que se estima que son muchos los diputados y exdiputados que podrían verse implicados y conocen de las mecánicas y casos específicos. También podrían surgir las investigaciones de otros hechos delictivos cometidos por parlamentarios, como el cobro de sobornos a cambio de votos.
- Las publicaciones de prensa
Aunque no constituyen pruebas, las publicaciones de la prensa independiente sobre actos de corrupción, sobre todo el indicio de enriquecimiento ilícito desmedido, han servido para mantener líneas de investigación por parte de CICIG y el MP. En ese sentido, han sido publicaciones realizadas por el diario elPeriódico, las principales, pues casos como el de Cooptación del Estado incluyen muchas de las denuncias con pruebas sobre irregularidades en las contrataciones del Estado.
Los primeros señalamientos que hubo de la prensa fueron contra los exgobernantes, pero también contra varios de sus exministros —todos los hoy detenidos o implicados en diferentes casos—, así como el expresidente del IGSS, Juan José Rodríguez.
En casi todos los casos publicados había siempre señalamientos y desmentidos, pero uno a uno se han ido comprobando. Un argumento paralelo a esta causa que ha favorecido el avance de las investigaciones, es la desfachatez de los ahora detenidos en la exposición de su riqueza ilícita, ya que se hacía de manera evidente.
El caso de la reciente coperacha, fue publicado con nombres por ese diario, tal como se ha confirmado con la investigación oficial.
- Presión social
Aunque no siempre se le concede importancia, la fuerza del movimiento ciudadano ha contribuido con el avance de todos los casos; sobre todo porque ha creado presión en las autoridades judiciales para apartarse —magistrados y jueces—, de sus compromisos previos con la clase política.
Esta presión social ha sido determinante, aunque algunos analistas estiman que se somete a una presión exagerada a los juzgadores y que favorece la ventilación pública de los casos. Por otra parte, lo bueno es que ha logrado terminar con un velo de impunidad que se mantenía en el país.
Aunque aún no hay cuantificación del monto de la corrupción, es evidente que son cientos o miles de millones los que se han perdido, aunque en determinados casos se daban contrataciones sin ningún resultado en obras o infraestructura.
Son tantos los sindicados en el caso Cooptación del Estado, más de 50, que la audiencia de primera declaración se llevó a cabo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justica.
Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, y Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa, fueron detenidos por el caso de corrupción conocido como La cooperacha.