Como fraude de ley calificó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) las acciones de la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, tras solicitar antejuicios en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La CIJ indicó que, si bien la última acción de la jefa del Ministerio Público (MP) es para retirar el antejuicio a diputados, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, esta se hizo “sabiendo de antemano que solo la acción encaminada en contra de la CC llegará a tener éxito”.
De acuerdo con esta organización, el fraude de ley está contemplando en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y “por medio del cual se comenten violaciones sistemáticas a la Constitución con apariencia de legalidad y afecta, sustancialmente, al estado de derecho”, indica.
Además, la Comisión señala que esa misma acción se ha dado en el “retraso deliberado” de la elección de altas Cortes, el cual, según la entidad, ha sido causado por un “grupo considerable” de diputados del Congreso de la República.
“La acción de postergar la designación de los magistrados tiene por objeto mantener inalterable a la actual Corte Suprema Justicia”, explica la CIJ. Asimismo, afirma que ha existido un incumplimiento la fiscal general y legisladores en cuanto a la sentencia de la CC por la elección de Cortes.
De igual manera, esa organización, presidida por Ramón Cadena, mencionó que se ha dado una desobediencia sistemática de otras resoluciones de la CC y ataques, por medio de denuncias espurias, en contra de los togados de esa instancia.
“También en contra del procurador de los Derechos Humanos -Jordán Rodas-, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -Juan Francisco Sandoval- y jueces independientes e imparciales como las juezas Erika Aifán, Yassmín Barrios, y el juez Miguel Ángel Gálvez, entre otros”, añadió la Comisión.
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Presentan solicitudes de antejuicio
El pasado viernes, el MP presentó 111 solicitudes de antejuicio, 92 de ellas en contra del mismo número de diputados del Congreso, 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, los siete integrantes de la Comisión Permanente del Legislativo y seis magistrados de la CC, en el marco de la elección de cortes que no avanza en el Legislativo.
A través de un comunicado, la fiscal general informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos planteó las acciones para que la justicia determine si da formación de causa o constituyente de delito o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas.