El Nuevo Diario, una voz crítica del gobierno socialista de Nicaragua, suspendió este viernes sus operaciones tras casi 40 años de existencia, impactado por un embargo de papel y tinta impuesto por las autoridades, informó la publicación.
«El Nuevo Diario informa al público en general que ha decidido descontinuar su publicación debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento», anunció el rotativo -uno de los dos principales del país- en un comunicado.
El gobierno retiene en aduanas, desde hace casi un año, materiales importados como papel, tinta y otros insumos para la impresión de El Nuevo Diario y La Prensa, los únicos de circulación nacional.
En consecuencia, el diario había reducido el número de páginas y dejó de circular de forma impresa los fines de semana.
«Estamos conscientes de la importancia del Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística en las etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua, desde su fundación en 1980», indico asimismo el periódico en su ultima editorial.
También dejó de circular Metro, una publicación asociada a Nuevo Diario de distribución gratuita en Managua.
La editorial de ambos rotativos adelantó que terminará de cumplir con sus obligaciones pendientes con proveedores y que reembolsara el dinero a sus suscriptores.
El Nuevo Diario cuestionó fuertemente, al igual que otros medios independientes, la represión estatal contra las manifestaciones que estallaron en abril del 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega.
La violencia, que según grupos humanitarios dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, fue documentada por el rotativo con amplios reportes y denuncias.
El anuncio del cierre provocó reacciones de condena y pesar entre periodistas y lectores.
La organización de periodistas PEN Internacional capítulo Nicaragua condenó el cierre del diario y acusó al gobierno de ejercer «un boicot aduanero, arbitrario e ilegal».
La ONG llamó al gobierno a «detener la campaña de intimidación y agresiones» contra los medios independientes y la «injustificable censura de prensa» que viola el derecho de los nicaragüenses a informar y recibir información.