Este jueves 28 de octubre se llevó a cabo de forma virtual la audiencia pública situación de derechos humanos de operadores de justicia e independencia judicial en Guatemala.
La actividad estuvo organizada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) y participaron funcionarios de esa institución, funcionarios en el tema de justicia de Guatemala y representantes del Estado guatemalteco.
La CIDH manifestó que le preocupa el contexto de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala. También resaltó la estrategia de antejuicios contra jueces como una forma de persecución.
La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que el Estado ha señalado que hay efectividad en las medidas cautelares para jueces y magistrados, pero la otra parte dice lo contrario.
“51 antejuicios, el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto, de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces”, agregó.
Mostró el interés en buscar el diálogo que construya una situación de confianza en el sistema de justicia para la independencia judicial.
En la reunión también participó el procurador Jordán Rodas, la jueza Erika Aifán, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, representantes del Estado de Guatemala y varias organizaciones de la sociedad civil.
Durante la actividad, Aifán mencionó que las y los juzgadores independientes de la nación están sufriendo “graves violaciones” a sus derechos humanos. La togada mencionó que tal situación es una represalia a sus labores en contra de la corrupción e impunidad.
“Somos sujetos de vigilancia y seguimiento por vehículos sin placas. Además, recibimos constantes ataques en redes sociales, transmitidos desde cuentas falsas de netcenter afines al Gobierno”, agregó la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
La jueza expuso que también son objeto de numerosas denuncias penales y administrativas infundadas. “El Ministerio Público y las altas cortes han sido ineficaces para garantizar nuestra vida”, añadió la funcionaria judicial.
“Ese patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin, en el que finalizado una denuncia se inician otras más con apariencia de legalidad”, mencionó Aifán durante la audiencia de la CIDH.
Obstáculos
Juan Francisco Sandoval dijo que Consuelo Porras ha implementado “múltiples estrategias para obstaculizar las labores de investigación”, sobre todo de los casos a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
El exinvestigador afirmó que la fiscal general, para entorpecer las pesquisas, ha utilizado el movimiento y traslado de personal entre departamentos. “Así también la incorporación de fiscales con impedimentos legales claros para liderarlas”, comentó el exfiscal.
El perseguido político aseguró que, con el fin deslegitimar la lucha contra la corrupción realizada por la citada unidad de investigación, se criminaliza al personal mediante la masiva interposición de denuncias penales.
“En represalia a mi labor fui ilegalmente destituido y criminalizado, forzándome al exilio. En virtud de que no tendría ninguna garantía para ejercer mi legítimo derecho de defensa”, puntualizó Sandoval.
Peticiones al Estado
Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en la que están jueces, magistrados y fiscales. Que el Estado cese el hostigamiento y acoso judicial.
“Solicitamos que inste al MP a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia, incluyendo quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados”, manifestó.
Pidió que el Estado reitere a la fiscal general su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación e imparcialidad judicial.