Por: Enma Reyes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos resoluciones este lunes, en una de ella, solicita al Estado de Guatemala otorgar medidas para proteger la vida e independencia de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, tras amenazas y hostigamientos en su contra.
En la segunda solicitud, la CIDH también pide medidas de protección para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen, María Cristina Fernández García y Gloria Patricia Porras Escobar.
Las dos disposiciones se originan a raíz de una solicitud presentada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.
La jueza Aifán Dávila denunció que empezó a recibir represalias tanto en el ámbito personal como en su carrera profesional, luego de conocer ciertos casos de alto impacto, entre ellos, el de financiamiento electoral ilícito del partido de presidente Jimmy Morales, FCN-Nación, así como el caso de Comisiones Paralelas, donde está sindicado Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”.
Caso magistrados de la CC
En relación con los magistrados de la CC, la petición de las medidas de seguridad fue solicitada cuando los togados se encontraban estudiando para resolver amparos para permitir la permanencia e ingreso de personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante diciembre de 2018 y enero de 2019.
Los solicitantes explicaron a la CIDH que fueron objeto de «presiones e injerencias a su independencia como magistrados desde 2017». Uno de los riesgos latentes es el antejuicio que se promovió en su contra para ser procesados por diversos delitos como emitir órdenes contrarias al Constitución.
De acuerdo con el pronunciamiento de la CIDH, lo solicitado al Estado corresponde al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que se establecen en la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que es parte Guatemala y se otorgan las medidas cautelares “en situaciones que son graves y urgentes, necesarias para prevenir un daño irreparable”, afirma la organización internacional.