La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida de seguridad para dos fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esa entidad indica, además, que el Estado de Guatemala debe facilitar todos los medios para proteger a los operadores de justicia, con el objetivo de evitar el entorpecimiento de las investigaciones a sus cargos.
Este fallo se da en el marco del seguimiento del caso en el que la Corte, en su condena al Estado de Guatemala por la ejecución extrajudicial de Tirso Román Valenzuela, integrantes de Los Pasaco, y Hugo Humberto Ruiz Fuentes, quien participó en el secuestro de un niño en agosto de 1997, ordenó la protección de fiscales que investigaron la ejecución extrajudicial de ambos, tras escaparse de la cárcel de El Infiernito.
En la decisión por medio de la cual se otorgaron las medidas a los fiscales de la FECI se tuvo el voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi.
El togado consideró también que en el caso de estas personas es facultad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas de protección.
Temor y desconfianza
Esa instancia advirtió que la situación actual a la que están sometidos dichos fiscales podría provocarles temor y desconfianza, impactando de manera directa en la realización de sus labores.
Los dos fiscales están involucrados en las pesquisas que se realizan por la posible ejecución extrajudicial de Tirso Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes. Según la FECI, ellos junto a 17 reos más escaparon de la cárcel El Infiernito.
El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2005. Las averiguaciones explican que posterior a ese incidente, las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil pusieron en marcha el “Plan Gavilán”.
Las investigaciones indican que el propósito de esa operación era la búsqueda y volver a aprehender a los privados de libertad. La citada sección del Ministerio Público sostiene que siete reos recapturados fueron ejecutados, entre ellos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes.
Destitución de Sandoval
La Corte IDH también se pronunció sobre el despido de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI. Si bien se solicitó ante dicho órgano su reinstalación, este resolvió que previamente se tienen que agotar en Guatemala todos los procedimientos en torno a ese tema.
De esa forma, dejó la vía libre para que, ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, se alegue los posibles agravios provocados por el Estado en contra del exinvestigador.