Ante el inicio del proceso de selección y nombramiento de os magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a desarrollar un proceso transparente y en cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, con el fin de garantizar la independencia de operadoras y operadores de justicia que serán elegidos.
El ente internacional asegura que de acuerdo con información pública, en los próximos meses, “se desarrollará el proceso de selección y nombramiento de magistradas y magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) que integrarán la Corte Constitucional, y quienes deberán tomar posesión el 14 de abril de 2021. Según la Constitución del país, dichos cargos son seleccionados, respectivamente, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pleno del Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y por la Asamblea del Colegio de Abogados (CANG). Según la información disponible, a la fecha, las instituciones mencionadas han iniciado el proceso de designación mediante la publicación de sus respectivas convocatorias”, indica.
Ante ello, la CIDH recuerda que, “un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia. En tal sentido, en su informe «Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia», desarrolló las garantías que deben observarse en los procesos de selección y nombramiento·.
Asimismo, resalta que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento “debe ser elegir a candidatas y candidatos con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar. Para ello, es indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las personas candidatas a fin de evitar la discrecionalidad de los órganos que intervienen en la selección”.
Asimismo, en cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y atendiendo al rol esencial que cumplen las y los operadores de justicia en el acceso a la justicia y la preservación del Estado de Derecho, la CIDH exhorta al Estado para que las entidades que intervienen en los procesos de selección y nombramiento observen los estándares mínimos como mérito, capacidad, idoneidad y honradez, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala así como por el derecho internacional de los derechos humanos a fin de asegurar su independencia.
Por último, la CIDH destaca las recomendaciones de la Misión Especial de la Secretaría General de la OEA en Guatemala.
Según el informe publicado el pasado 27 de enero, «Guatemala cuenta con instituciones democráticas representativas, capaces de garantizar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la población guatemalteca». Sin embargo, entre los «elementos de preocupación que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país», la Misión Especial destacó «la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad«, señala.
Ante ello, las recomendaciones del ente internacional señala que el Estado guatemalteco deberá “garantizar un procedimiento transparente; adoptar diseños institucionales que aseguren que los procesos de nombramiento sean transparentes, participativos, informados y cuenten con mecanismos de rendición de cuentas; y que el proceso de selección se cumpla dentro de los plazos constitucionales y legales establecidos con el fin de evitar vacíos en la conformación del órgano judicial”.
¿Qué es la CIDH?
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.