La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) ha principiado a retirarse como querellante adhesivo en los procesos de casos de corrupción en los que ha venido participando, como parte de la estrategia de salida del país, luego que el presidente Jimmy Morales decidiera dar por terminado el acuerdo con la ONU a partir del próximo 3 de septiembre.
El vocero de la CICIG, Matías Ponce, explicó que «la transición de salida ha principiado», y entre los pasos que se vienen dando está el retiro de los procesos, aunque la asesoría a los fiscales del MP continuará hasta el último día de labores de la Comisión.
La CICIG ha descubierto cerca de 60 estructuras criminales incrustadas en casos de corrupción en el país y cientos de personas guardan prisión –entre ellas los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti– y se encuentran vinculadas a estos procesos que ahora deberá abandonar el personal de CICIG, lo que se convierte en una debilidad para la parte acusadora.
El presidente Jimmy Morales anunció en 2018 que no renovaría el mandato de CICIG, luego que él mismo y dos miembros de su familia fueron vinculados en casos de financiamiento electoral ilícito y corrupción, respectivamente.
Uno de los argumentos esgrimidos por el presidente Morales para salir de CICIG, fue el de «la defensa de nuestra soberanía», por considerar que había injerencia de un organismo internacional –la ONU– en asuntos internos de Guatemala.
Morales prohibió también el ingreso del comisionado Iván Velásquez, quien ha tenido que dirigir la Comisión desde el exterior, en donde se ha dedicado también a dar conferencias sobre la importancia de librar guerra sin cuartel contra la corrupción.
Abogados litigantes reconocen que sin la presencia de los expertos de la CICIG, y sin que exista presión para luchar contra la impunidad en el Organismo Judicial, será muy difícil que los procesos y juicios que se llevan a cabo lleguen a feliz término. «Muy pronto veremos sentencias débiles o absolutorias, por más que las pruebas sean contundentes, pues muchos jueces, ya sin miedo a que los descubran, actuarán sin independencia, al servicio de las fuerzas oscuras», dijo un abogado, quien pidió no ser identificado, por temor a represalias de los mismos juzgadores.
El trabajo de la CICIG, criticado por el Gobierno, y algunos sectores de la sociedad civil, es reconocido positivamente en el exterior, en donde se han presentado los resultados como una muestra de lo que se puede lograr cuando se plantea con seriedad la lucha contra la corrupción, considerada uno de los peores males de las democracias en países en donde la justicia no se aplica.