Una reforma de bienes raíces, que acaba de ser adoptada en China, aborda una de las mayores fuentes de reproches hacia el régimen comunista, que desposeyó de sus tierras a miles de campesinos o los expulsó de lugares donde se ganaban la vida.
El espectacular despegue económico de China en estos últimos 40 años se hizo en parte en detrimento de agricultores que tuvieron que ceder sus tierras, a veces sin compensación, a los promotores inmobiliarios, a los industriales o a proyectos de infraestructuras.
«Las disputas sobre tierras representan cerca de la mitad de los movimientos sociales producidos en China cada año», después de los conflictos laborales, estima la abogada Ni Yulan, que defiende los derechos de los pequeños propietarios en la inmensa municipalidad de Pekín.
Esa actividad le ha valido la cárcel a la abogada Ni, donde fue golpeada, lo que le causó según ella la parálisis de las dos piernas.
Su casa en Pekín fue derribada por orden de las autoridades en 2008. Pero ella nunca pudo actuar ante la justicia porque los tribunales son cómplices con el poder, acusa su marido Dong Jiqin.
Reducir tensiones
Para reducir las tensiones, el régimen del presidente Xi Jinping hizo adoptar a fines de mayo por el parlamento una primera versión china de un Código Civil. El texto restringe la interpretación del «interés público» para prevenir las expropiaciones abusivas.
«Por primera vez, el Código Civil impone un sistema jurídico completo» explica el jurista Liu Qiao, de la Universidad municipal de Hong Kong, lo que «debería reducir el riesgo de injerencia política».
También garantiza la independencia de los jueces, aunque éstos quedan bajo el control del poder, en un país donde el papel dirigente del Partido Comunista está inscrito en la Constitución.
En efecto, el código, que entrará en vigor el 1 de enero, no prevé sanciones para los autores de expropiaciones ilegales.
De 2005 a 2015, entre 100.000 y 500.000 agricultores fueron desposeídos de sus tierras por las colectividades locales, en violación de las normas de bienes raíces nacionales, según un estudio de Qiao Shitong, profesor de derecho de la Universidad de Hong Kong.
Propiedad temporal
En China, solo el Estado o las colectividades pueden poseer tierras. Los particulares y las empresas solamente pueden adquirir el derecho a utilizar un terreno por una duración máxima de 70 años.
El nuevo código aclara por primera vez lo que ocurre al propietario de bienes raíces al cabo de 70 años: su título de propiedad es automáticamente prorrogado, pero el texto no precisa si esta renovación es gratuita o mediante pago.
Esta aclaración dará sin embargo «gran confianza» al mercado inmobiliario, según el analista del sector Dong Jizhou, del grupo financiero Huatai.
En lo que respecta a los que alquilan, éstos tienen muy pocos derechos ante los omnipotentes propietarios.
Tal fue el caso de Han Bingxing, que alquila un apartamento en una residencia de alto nivel en Pekín. La inquilina se quedó sin agua en marzo, en plena pandemia del coronavirus, tras un retraso en el pago de alquiler de solamente dos semanas.
«Perdí mi trabajo en febrero, y había pedido un poco más de tiempo a mi propietaria», relata a la AFP esta mujer de 26 años, que trabaja en la publicidad.
Cortar el agua «era la señal indudable de que quería expulsarme», agrega.
La práctica es habitual en algunos propietarios que no dudan a veces en enviar a individuos amenazantes para que se vayan los inquilinos indeseables.
A partir de ahora, el Código Civil prohíbe cortar el agua o la electricidad a inquilinos que tengan retraso en el pago de sus alquileres.