El Gobierno chileno volvió a convocar este jueves a la oposición para buscar una salida consensuada a la inédita crisis social que vive el país desde hace dos semanas, que llevó a cancelar la organización de dos citas internacionales, ya suma 20 muertos y deja un sombrío paisaje en Santiago.
A diferencia de un primer encuentro, organizado tres días después del estallido de la crisis el viernes 18 de octubre, el gobierno no excluyó a ningún partido con representación en el Parlamento, incluido el Partido Comunista, que sin embargo anunció que no concurriría.
El Partido Socialista (PS), principal conglomerado de la oposición, sí confirmó su participación en el encuentro, que es liderado por el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, nombrado el lunes por el presidente Sebastián Piñera tras remover a ocho de los 24 miembros de su gabinete.
«Se ha levantado el estado de emergencia y se ha invitado a todos los partidos políticos sin exclusiones, por eso hemos decidido concurrir», dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde.
En medio de masivas protestas, saqueos e incendios, Piñera decretó el estado de emergencia, que rigió por nueve días -hasta el lunes pasado- y sacó a miles de militares a resguardar las calles.
Al ingresar a la reunión en el palacio de La Moneda –que este jueves feriado en Chile lucía por primera vez en calma en casi dos semanas-, Elizalde anticipó que le pedirá al gobierno echar a andar «una ambiciosa agenda social».
Además, adhirió a una propuesta que gana adeptos como posible forma de resolver la actual crisis social: hacer una nueva Constitución, que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«El país ya no aguanta más postergaciones», afirmó de su lado el presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, acogiendo también el pedido de cambiar la criticada Constitución, confeccionada como un traje a la medida para que la dictadura y las fuerza conservadoras mantuvieran su poder, incluso después de restaurada la democracia.
Medidas de fondo
De 41 años y con un perfil más dialogante que su antecesor, Blumel tiene la misión de analizar junto al crispado mundo político chileno caminos de salida a la crisis social, que suma ya 13 días y deja un saldo de 20 muertos, en un país semiparalizado.
La crisis obligó al presidente Piñera a anunciar el miércoles la cancelación de la organización del encuentro de líderes del foro APEC –al que asistiría el presidente de Estados Unidos Donald Trump- y la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP-25, que debían realizarse en pocas semanas más en Santiago.
Las dos reuniones eran organizadas desde hace meses y ocupaban gran parte de la agenda del mandatario, volcado hasta antes de la crisis a posicionarse como un líder internacional.
Pero tras anunciar su «dolor» por cancelar ambas reuniones, Piñera dijo que se abocaría ahora de lleno a restaurar la paz social y a poner en marcha la agenda social con la que busca calmar las protestas sociales, pues sus anuncios hasta ahora han sido considerados insuficientes.
«Hemos vuelto a La Moneda hoy a tratar de que el gobierno escuche la necesidad de tomar medidas de fondo», dijo por su lado Carlos Maldonado, presidente del opositor Partido Radical.
El miércoles, por primera vez, Piñera se abrió a analizar la posibilidad de hacer cambios estructurales, aunque privilegiando la instancia de diálogo que encargó a su ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
Pero organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncian que todavía no han sido convocadas.
«No es que haya una falta deliberada de diálogo, lo importante es que haya una instancia de diálogo con los movimiento sociales», afirmó Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, al confirmar que la multigremial -la más grande del país- no ha sido convocada a ningún diálogo con el gobierno.