La región de América Latina y el Caribe deberá mantener una política fiscal expansiva hasta al menos 2022 para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas presentado este miércoles por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.
El texto advierte de los peligros de no mantener los estímulos fiscales durante 2021 y 2022, sobre todo los enfocados a los sectores vulnerables, ya que mermaría las capacidades de recuperación en la región, debido a la persistencia de la pandemia y la falta de acceso a las vacunas.
Por ello, el organismo de Naciones Unidas entiende que es necesario la extensión de medidas fiscales en 2021 y 2022.
«Es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021 ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia», explicó Alicia Bárcena.
Las economías de América Latina y el Caribe realizaron en promedio esfuerzos fiscales del 4,6% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2020 para combatir los efectos de la pandemia de Covid-19, dejando a la región en una situación compleja.
Del 4.6% total, el 2.5% correspondía a garantías estatales de crédito y el 1.2% restante a planes de emergencia diseñados por los gobiernos. Las medidas desplegadas incluyeron alivio tributario, aumento de gasto público y el desarrollo instrumentos de liquidez, entre otros, unas acciones que se adaptaron en función con las estructuras de cada economía.
Cepal alerta de que la caída del 7,1% del PIB de 2020 no será compensada por el crecimiento del 6% de 2021 y, de hecho, se estima un lento crecimiento que podría posponer la recuperación hasta al menos 2023 en el mejor escenario.
La deuda aumentó hasta el 56.3% del PIB
La crisis provocó la expansión del gasto público y, en consecuencia, un aumento significativo de los déficits fiscales y de los niveles de endeudamiento, llegando a un nivel promedio de deuda pública bruta del 56.3% del PIB. En algunos casos, como Argentina, la deuda sobrepasó la barrera del 100%, mientras que en Brasil, la principal economía latinoamericana, la deuda aumentó hasta el 89.3%.
Adicionalmente, se produjo una significativa caída de los ingresos tributarios, que se situaron en el 17.9% del PIB. Pese a la caída de ingresos, los gobiernos latinos aumentaron el gasto público (del 21.4% del 2019 al 24.7% en 2020) para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.
El documento destaca el papel del gasto público en transferencias monetarias, operaciones esenciales para mitigar el aumento de la pobreza. Sin medidas de este tipo, el organismo de Naciones Unidas señala que los casos de pobreza habrían aumentado en más de 20 millones de personas, mientras que los casos de pobreza extrema se habrían situado en casi 100 millones de ciudadanos.
Asimismo, las consecuencias de la epidemia provocarán la profundización de las desigualdades en la región, particularmente en materia digital. De su lado, el informe de Cepal alerta de que el mayor impacto de la pandemia lo sufrirán las mujeres, que sufrirán una década de retroceso en términos de participación laboral.
Retos en materia fiscal
El informe indica que, por el lado de los ingresos fiscales, se requerirán cambios a la estructura tributaria para aumentar la carga impositiva, la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso.
Esto, según Bárcena, es esencial para poder mantener trayectorias de gasto público en un contexto de sostenibilidad fiscal. En este sentido, el informe analiza los desafíos para el refuerzo de los impuestos directos, en particular el impuesto al patrimonio y su potencial para fortalecer la recaudación y la progresividad de la política tributaria en un entorno de mayores necesidades de financiamiento de los países.
Además, la secretaria ejecutiva ha agregado que es de especial relevancia revertir la caída de la inversión, que actualmente se encuentran en un nivel del 17.6% en la región, frente al 21.5% de la Unión Europea y el 32.9% de las economías avanzadas.
El documento agrega que el incremento generalizado del endeudamiento ha aumentado las necesidades de financiamiento en la región.
Por ello es imprescindible que la cooperación internacional, a través del financiamiento para el desarrollo, apoye en ampliar el espacio fiscal de los países en el corto y mediano plazo. Ello pasa por la «ampliación y redistribución de la liquidez global, el alivio de la deuda, fortalecer la capacidad de crédito de la banca de desarrollo y el uso de instrumentos innovadores de financiamiento», señaló Bárcena.