La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una debida ejecución a favor del Ministerio Público (MP), y ordena que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conozca nuevamente el antejuicio presentado por el ente investigador y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del diputado Felipe Alejos Lorenzana por el caso Traficantes de Influencias.
En enero de 2018, el MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el diputado Alejos –primer secretario del Congreso– por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
Esta es la segunda vez que la CC se pronuncia sobre el caso, ya que en mayo de 2019 le dio la razón al ente investigador, en una apelación que cuestionó la decisión de no retirarle la inmunidad, emitida por la CSJ en noviembre de 2018.
En ese entonces, la CSJ señaló que el número telefónico que aludía al diputado era de otra persona. Pero ese argumento fue equivocado, porque el informe del operador de telefonía confirma que la línea registraba como único usuario a Alejos Lorenzana.
La CC señaló que, al valorar los indicios presentados por el MP, la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en sus funciones y le ordenó emitir una nueva resolución. Sin embargo, en una segunda resolución, de mayo de 2019, la Corte Suprema mantuvo su criterio de no despojar de la inmunidad al diputado y de valorar los indicios presentados por la fiscalía.
En la resolución de ayer, el máximo tribunal en materia constitucional indica que la Corte Suprema debía limitarse a declarar o no la existencia de hechos que puedan ser tipificados como delitos, atendiendo a las prohibiciones que establece la Ley en Materia de Antejuicio, sin emitir juicios de valor sobre los indicios que presentó el MP.
La nueva resolución de la CSJ únicamente debe tener en cuenta si la petición del MP para despojar de la inmunidad al diputado reelecto por el partido Todos, responde o no a motivaciones espurias, políticas o ilegítimas, señala la CC.
La solicitud de debida ejecución fue aprobada por cuatro de los cinco titulares de la CC, y el voto disidente razonado de la magistrada Dina Ochoa.
El caso
La carpeta judicial Traficantes de Influencias surgió en seguimiento a las operaciones ilegales de Giovani Marroquín, acusado en el caso La Línea. Según las pesquisas, Marroquín promovía ante exfuncionarios de la SAT, la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal, a cambio de sobornos. Según el MP, Alejos habría servido de intermediario entre dos contribuyentes y la estructura que prometía facilitar las gestiones.