La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República cumplir con el amparo provisional que otorgó al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para que se le trasladen los fondos restantes del presupuesto asignados a esa institución “sin dilación”.
Es decir, que sin ningún contratiempo, el Legislativo deberá transferir los Q10 millones que fueron desembolsados por el Ministerio de Finanzas en el período 2020.
La resolución por parte de la máxima corte del país no fue por unanimidad. Los magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa emitieron un voto disidente (en contra).
A través de un comunicado, la CC indica lo siguiente: “Se informa a la población que, la Corte de Constitucionalidad, por mayoría, con voto razonado disidente de los Magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá, declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución del auto de 18 de noviembre de 2020, por el que se otorgó amparo provisional en la acción que planteó el Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, por la amenaza de no recibir en tiempo el monto presupuestario completo asignado, para el ejercicio fiscal 2020, en el Decreto 25-2018, Ley del Presupuesto”.
Al respecto de dicha resolución, la PDH compartió la resolución de la CC en sus redes sociales.
“Asfixiar” a la PDH
En los primeros días de febrero de este año, Jordán Rodas, señaló al presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, de “asfixiar” financieramente a la institución.
Asimismo, pidió que se concrete el traslado de Q10 millones a la entidad, pues aseguró que los fondos ya se encuentran en la cuenta del Congreso desde diciembre de 2020.
Según indicó, estos provienen de un cambio de fuente que ya fue autorizado por el Ministerio de Finanzas, por lo que no habría justificación para el retraso.