Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron el amparo en definitiva a la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Púbico, María Consuelo Porras, quien accionó en contra del Congreso, por lo que este organismo podrá elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones.
El Congreso estaba por elegir a las nuevas autoridades del Organismo Judicial, quienes debían tomar posesión el 13 de octubre de 2019, pero varias organizaciones, junto al ente investigador, presentaron amparos ante la CC por supuestos vicios que evidenció la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en los procesos de postulación.
El accionar de la fiscal general se justificó debido a que “existía la amenaza real e inminente de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones”.
Según Porras, el proceso de postulación había violado los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la Republica, que establece calidades necesarias para el desempeño de la función pública basadas en capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad.
La controversia mayor alrededor del proceso de postulación fue el día en que la FECI destapó el caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual señalan al exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos de reunirse con diputados, comisionados de postulación, aspirantes a magistrados y jueces, entre el 12 y 16 de febrero, justo cuando las postuladoras estaban en la fase de votación y conformación de las nóminas.
En una conferencia de prensa realizada el 18 de febrero del presente año, el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, aseguró que un anexo de un sanatorio, ubicado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, fue el centro de reuniones del exsecretario privado.
Sentencia
De acuerdo con el máximo tribunal en materia constitucional, los diputados deberán excluir a los candidatos que tienen señalamientos, ya que eso no los haría idóneos para el cargo, según el artículo 113 de la Constitución Política de la República.
Asimismo, le solicita al Ministerio Público que remita al Congreso de la República, en forma física y electrónica, un informe circunstanciado de todos los profesionales que conforman las nóminas remitidas por las comisiones de postulación, a fin de informar sobre la investigación penal que efectuó con relación a la posible manipulación e influencia del proceso de elección de magistrados.
A la Junta Directiva del Congreso de la República le ordena poner a disposición de los diputados los expedientes de los candidatos para que puedan analizarlos de forma exhaustiva en un plazo de 20 días.
