La Corte de Constitucionalidad (CC) informó este martes que notificó lo relacionado a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) al Ejecutivo y Congreso de la República sobre el rechazo en definitiva de los amparos planteados en contra del Legislativo y del presidente Alejandro Giammattei por la aprobación de la referida normativa.
En esta ocasión, los magistrados también revocaron un amparo provisional otorgado el 2 de marzo último a favor de varias organizaciones sociales que se oponen a esas reformas.
Uno de los puntos que ha generado mayor rechazo es que el Organismo Ejecutivo podrá clausurar a esas entidades.
Aprobación
El 27 de febrero del 2020, el presidente Alejandro Giammattei había sancionado la normativa, aprobada por la alianza oficialista el 11 de ese mismo mes con 81 votos a favor, pero el 02 de marzo de ese mismo año, la CC otorgó un amparo provisional por varias acciones presentadas por diversas organizaciones sociales, contra el Congreso de la República y el Presidente de la República por las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo y dejó en suspenso su entrada en vigor.
Uno de los artículos que contempla la ley, establece que, si una oenegé utiliza los fondos, que recibió de donantes para su funcionamiento, en actividades que alteren el orden público, serán canceladas inmediatamente y los directivos de esas entidades sufrirán consecuencias penales.
“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente, en el entendido que la ONG cancelada, no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”, dice parte del artículo 15.
Reacciones
Desde su aprobación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (ACNUDH), mostraron su rechazo a esas reformas al considerar que las mismas son contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado de Guatemala.
“Las reformas duplican los mecanismos de fiscalización para las organizaciones (que ya existen), promueven procesos de criminalización de sus integrantes y limitan derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho de defensa, entre otros”, indicaron ambas instituciones a través de comunicados.
Además, añadieron que las organizaciones no gubernamentales “trabajan para mejorar las condiciones de vida, exigir el respeto de los derechos humanos, informar sobre la utilización de los recursos públicos, denunciar los abusos de poder y, además, mantienen un diálogo necesario entre la ciudadanía y sus representantes”,
“Las ONG trasladan esa voz colectiva, muchas veces ignorada, de personas que se organizan en la búsqueda de justicia social, una voz que muchas veces resulta incómoda para aquellos a quienes critica, denuncia y señala. Las experiencias en otros países que han implementado legislaciones antidemocráticas, que restringen los derechos de las organizaciones y quienes las integran, como Nicaragua, Egipto o Venezuela, demuestran que las mismas son un desincentivo para las organizaciones y que, eventualmente, se utilizan como un instrumento para atacarlas y extinguirlas bajo interpretaciones arbitrarias que sólo responden a los gobiernos de turno”, indicaron.