La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la anulación de pruebas en contra de exdiputados del cancelado Partido Patriota (PP), luego de avalar la resolución del juez Décimo, Víctor Cruz, que invalidó la prueba recabada contra de los exlegisladores que habrían recibido sobornos para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.
Con este fallo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien tiene a su cargo ese expediente, no podrá usar declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas en esa investigación.
El encargado de dar dicha información fue el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien indicó que el juez Cruz “anuló todo lo actuado. Es un fallo negativo porque afecta todo el trabajo de investigación y que, en todo caso, vulnera el principio de seguridad jurídica, porque era una resolución ya ejecutada”.
El fiscal también explicó que el máximo tribunal constitucional rechazó una apelación planteada contra la sentencia de amparo emitida por la Sala Segunda de Apelaciones y dejó firme la resolución del 10 de abril de 2019, que anula todo lo actuado desde el 30 de noviembre de 2017.
El caso
La investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Pará el MP, el diputado Gustavo Medrano pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.
El documento de la Feci y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, cuya versión final fue impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.
La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín, cada dos meses, para estar a las órdenes del Ejecutivo. A esa coima se le denominó champurradas.
Implicados
- Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
- Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
- Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
- Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
- Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
- Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
- Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.