La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite una solicitud de amparo en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentado por la Asociación de Mujeres Transformando al Mundo, por rechazar el antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales por el incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.
Según comentó el representante legal de esa entidad, Esteban Celada, “se evidencian varias violaciones a los derechos humanos de las víctimas, no solo primarias sino colaterales y también a las obligaciones del Estado en cuanto a hechos graves como los que se dan a conocer en el antejuicio y, sobre todo, en la querella por los delitos de tortura y trata de personas”.
Celada añadió, además, que se busca evidenciar la forma en que votó el pleno de la CSJ al rechazar la solicitud de retiro de inmunidad contra Jimmy Morales cuando aún era presidente.
Los magistrados de la CSJ votaron a favor de mantener la inmunidad de Morales en 2017, al considerar que el antejuicio presentado por el caso Hogar Seguro era “político y espurio” y que carecía de elementos probatorios, sin embargo, el fallo tuvo los votos disidentes de las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales.
El Organismo Judicial indicó en ese momento “la Corte Suprema de Justicia ha fundamentado y emitido sus argumentos de por qué se rechazó in limine esta denuncia que se presentó y se mantiene de esa manera, un rechazo por las razones ya expuestas, por ser y considerarse que es una denuncia presentada por motivos políticos y espurios”.
El fallo tuvo los votos disidentes de las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales
Conferencia de prensa
Para este martes 16 de marzo se tiene previsto que esa Asociación realice una conferencia de prensa, en donde darán detalles del amparo presentado y de la necesidad de contar con Cortes que sean independientes.
A cuatro años de la tragedia
El pasado 08 de marzo se cumplieron cuatro años de la tragedia que enlutó a varias familias guatemaltecas. Un incendio en una de las áreas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en cual está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, acabó con la vida de 41 niñas, mientras 15 resultaron con heridas graves.
Aunque los hechos ocurrieron en 2017, el proceso penal no ha caminado lo suficiente en el sistema de justicia, según organizaciones sociales.
Entre un primer grupo de acusados que fueron enviados a juicio se encuentra Lucinda Marroquín, inspectora de la Policía Nacional Civil, quien tuvo las llaves del salón donde se quemaron las adolescentes; así como Luis Armando Pérez, jefe de operaciones de la Comisaría 13.
También se encuentra Brenda Chaman Pacay, quien era la supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores Valenzuela, quien era el jefe de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y Gloria Castro Gutiérrez, defensora de Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En otra etapa del proceso figuran como acusados las antiguas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del centro Santos Torres), pero por diversas acciones legales, junto al retraso judicial ocasionado por la pandemia del covid-19, los expedientes no han avanzado en el sistema de justicia.
Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Septimo de Sentencia Penal. Los delitos que se imputan a los acusados son: homicidio culposo, maltrato de personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y lesiones leves.
“El proceso está pendiente de que regrese de la Sala de Apelaciones, porque quien conoce es el Tribunal Séptimo, pero en diciembre celebró una audiencia de medidas de coerción y le dio medida a Anahí Keller y Santos Torres. El Ministerio Público y los querellantes apelamos esta resolución, pero la Sala la confirmó. Es factible que estén con medida sustitutiva. Cuando baje el expediente se conocerá una solicitud de Carlos Rodas para revisión de medidas”, precisó el fiscal Carlos Gómez, a cargo de las investigaciones del caso.