- El jurista Aníbal Torres abandona su cargo tras no lograr que la derogación de una ley, que regula los mecanismos para convocar a un referéndum, sea aprobada por el Congreso. La ex titular de Cultura, Betssy Chávez, fue designada como primera ministra.
LIMA — El presidente de Perú, Pedro Castillo, perdió a su cuarto primer ministro en casi 18 meses de gobierno. El jurista Aníbal Torres renunció el jueves a su cargo tras recibir el rechazo del Congreso a una moción de confianza por una ley que había planteado hace una semana. Además, un fallo del Tribunal Constitucional también apuró su salida del Ejecutivo.
“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de ‘rechazo de plano’, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el estado constitucional de derecho”, pidió Castillo en un mensaje a la Nación.
El mandatario peruano aprovechó la ocasión para cuestionar a la oposición por medidas que estarían impulsando con el objetivo de sacarlo del poder. “Es necesario exhortar a quienes en el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones, e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos”, anotó.
En lugar de Torres, el presidente peruano designó el viernes a Betssy Chávez como nueva premier en la renovación del gabinete. Chávez ocupaba las carteras de Trabajo y Cultura dentro del Gobierno.
Actualmente, Chávez es investigada por la Fiscalía General por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias tras la publicación de un reportaje que develó como habría beneficiado supuestamente con contratos a una familia que vive en su ciudad natal, Tacna.
La última crisis del Gobierno estalló en la noche de ayer cuando José Williams, titular del Parlamento, comunicó que la cuestión de confianza presentada por el primer ministro Aníbal Torres había sido rechazada. Este mecanismo, amparado dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, resultó utilizado para derogar una iniciativa legislativa que regulaba las condiciones para convocar a un referéndum como una vía para impulsar propuestas.
La llamada «Ley Antireferéndum» fue gestada por las agrupaciones de oposición –Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular– en la Comisión de Constitución. Luego, pasó al Pleno del Congreso, que aprobó en enero la propuesta con el objetivo de cerrar cualquier posibilidad a la administración de Castillo de recolectar firmas para invocar a un plebiscito, cuyo único punto de consulta es que si una Asamblea Constituyente debería instalarse o no para redactar una nueva Constitución en Perú.
La Constituyente terminó como una de las grandes promesas electorales de Castillo cuando era candidato presidencial. Sin embargo, la oposición ha bloqueado cualquier intento para que se pudiese concretar durante estos meses. En esa corriente, el Tribunal Constitucional también se ha sumado al publicar la tarde de este jueves un fallo que declaró infundada la demanda del Gobierno que buscaba dejar sin efecto la ‘Ley Antireferéndum’.
La renuncia del primer ministro Aníbal Torres tiene lugar tras sendas derrotas políticas en el Parlamento y el Tribunal Constitucional. Así se convirtió en el cuarto jefe de gabinete que deja a Castillo, siguiendo a Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Héctor Valer.
Suspensión presidencial
En paralelo, Castillo debe nombrar un nuevo gabinete ante las nuevas acciones de la oposición en su contra. El miércoles se conoció que un grupo de parlamentarios se reunió para discutir la posible suspensión del presidente de Perú por un año debido a que tendría una supuesta “incapacidad temporal permanente”, que está en el artículo 114 de la Constitución.
En un borrador del documento visto por la Voz de América aparecen dos argumentos: la denuncia constitucional de la Fiscalía General y la petición a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática Interamericana.
La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
Por su parte, Castillo recurrió a la OEA porque argumentó que hay “un golpe de Estado en marcha”. Por esa razón, el Consejo Permanente envió una delegación de alto nivel que estuvo el lunes y martes último en Lima para recabar información sobre la compleja situación política del país. En un comunicado, informó que mantuvo 27 audiencias “para cumplir con su objetivo de escuchar a la mayor cantidad de voces representativas de Perú”.
Se necesitarían 66 votos en el Parlamento para aprobar los argumentos de la suspensión. Si se logra, Castillo no podrá ejercer como presidente y la vicepresidenta, Dina Boluarte, ocuparía su cargo hasta que vuelva a ser rehabilitado.