Ante el escándalo de corrupción descubierto en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), IFC del Banco Mundial (BM) dijo: se trabaja con cero tolerancia a la corrupción, y en ese contexto cada vez que sospechamos o tenemos indicios de que ha habido esas prácticas, tenemos que reportarla internamente en una unidad especializada de investigación para casos de integridad, cosa que se ha hecho.
Lo anterior fue declarado hoy por Gabriel Goldschmidt en entrevista de prensa en Washington, quien encabeza las operaciones en infraestructura de la Corporación Financiera Internacional (IFC). En un comunicado de prensa enviado a la redacción, Goldschmidt reitera que IFC está en constante dialogo con las autoridades de Guatemala.
La Corporación Financiera del BM, que apoya a las economías emergentes, a través del financiamiento de proyectos del sector privado, como lo hizo con TCQ, dijo considerar muy seriamente las acusaciones que se hizo en el caso por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
IFC no tolera la corrupción en nuestros proyectos. Nuestras empresas clientes deben cumplir con altos estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Requerimos de nuestros clientes que cumplan con la ley, agrega el comunicado.
En 2014 y 2015, IFC otorgó un crédito por US$61.3 millones a TCQ, así como una inversión de capital adicional de US$7.7 millones, por una participación accionaria del 15 por ciento.
Por ese motivo, IFC dio las siguientes explicaciones del porqué hizo esas inversiones:
Debida diligencia y contrato de usufructo.
IFC tuvo conocimiento de esas preocupaciones y lo conversó con la ONG Acción Ciudadana, así como con las autoridades jurídicas en Guatemala. Esas conversaciones informaron nuestra decisión de apoyar el proyecto. Había precedentes de contratos de usufructo en el puerto que confirman la disponibilidad y use de este tipo de acuerdos.
En 2012, Terminal de Contenedores Quetzal S.A. (TCQ) se convirtió en el usufructuario número 22 de la Empresa Portuaria Quetzal. El usufructo de TCQ se rige por las mismas normas, condiciones y tarifas de los otros 21 usufructos vigentes en ese momento. Estos usufructos incluían terminales de carga especializada que manejan granos, etanol y azúcar, dos terminales de carbón, una planta de cemento, una terminal de gas licuado, una terminal de plátano y una terminal para cruceros.
¿Por qué no se hizo una licitación pública para este usufructo?
En el año 2012 la Empresa Portuaria Quetzal, una entidad pública, inició contactos directos con varias firmas internacionales con experiencia en manejo de terminales de contenedores que se habían mostrado interesadas en desarrollar la terminal de contenedores de Puerto Quetzal. Las corporaciones confirmaron su interés en el proyecto y todas, excepto Grup Maritim TCB, compañía matriz de TCQ, pidieron exclusividad en la operación de los contenedores.
¿Por qué no se recurrió a la Ley de Contrataciones del Estado para este usufructo?
La Empresa Portuaria Quetzal es una entidad estatal autónoma, constituida en 1985, y como tal está obligada a sujetarse a la Ley de Contrataciones del Estado para adquirir bienes o servicios. Sin embargo, se rige por sus propios reglamentos en lo referente al uso de sus activos, incluyendo la creación de derechos de usufructo. En tres ocasiones, en 2006, 2012 y 2013, la Procuraduría General de la Nación opinó que esos reglamentos eran aplicables.